La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló este fin de semana que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y fija como objetivo una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. En un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la mandataria situó en 209.335 millones de dólares los ingresos que el país podría recibir a lo largo del convenio, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, lo que supondría que cerca de 19 dólares de cada barril producido y vendido irían directamente a las arcas venezolanas.
Rodríguez enmarcó el pacto en una ambición de mayor calado. «Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP. Queremos ser una potencia energética», afirmó. Según explicó, el proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados, con unas regalías mínimas del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%, condiciones con las que el Gobierno interino confía en apalancar la recuperación económica del país.
El anuncio amplía el acuerdo que Washington y Caracas hicieron público el pasado viernes, por el que Estados Unidos pasa a controlar más del 20% de las reservas de crudo venezolano. Ese convenio prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles y una inversión superior a los 100.000 millones de dólares. El presidente Donald Trump lo calificó como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial» y sostuvo que más que duplica las reservas de su país, aumenta el suministro y rebajará el precio de la gasolina para los estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló de una «gran victoria» para ambos pueblos.
La presidenta encargada defendió el pacto como una apuesta por la vía diplomática frente a la confrontación, y lo presentó como un instrumento para recuperar la capacidad productiva de una industria golpeada por años de sanciones. En esa línea, reivindicó la soberanía venezolana sobre sus recursos y agradeció a Trump y a Rubio su esfuerzo por sacar adelante el convenio, en un giro notable respecto a la hostilidad que había marcado la relación bilateral.
El acuerdo, con todo, se sostiene sobre un trasfondo de tutela difícil de obviar. Se firma ocho meses después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una operación militar y lo trasladara a Nueva York para afrontar cargos penales, un vuelco que aupó a Rodríguez a la presidencia interina y abrió la puerta a la reforma de la ley de hidrocarburos que ha permitido este pacto. Diversos analistas cuestionan la viabilidad de unas cifras tan elevadas y advierten de que la producción prometida está muy por encima de la actual. Un funcionario estadounidense deslizó, además, que el acuerdo incluiría una concesión de cien años a una empresa conjunta, un detalle que refuerza la lectura de que Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo, ha quedado convertida en una pieza central y subordinada de la estrategia energética de Washington.
