Una recogida de firmas para pedir al Gobierno suizo que prohíba la venta de gafas conectadas ha obtenido unas 10.000 rúbricas de apoyo en apenas dos días, una muestra de la creciente inquietud ciudadana por este tipo de dispositivos. La petición ha sido promovida por Campax, una organización suiza de campañas y movilización ciudadana, bajo el lema «No son juguetes para acosadores: prohibamos las gafas conectadas». La iniciativa reclama al ministro de Justicia y Policía, Beat Jans, la prohibición inmediata de la comercialización en Suiza de gafas con cámaras y micrófonos integrados que, según denuncia, permiten filmar a cualquier persona de forma discreta y sin su consentimiento.
El núcleo de la protesta es la amenaza a la privacidad. Estos dispositivos, cuyo principal exponente son las Ray-Ban de Meta, incorporan cámaras y micrófonos ocultos en una montura prácticamente indistinguible de unas gafas convencionales, lo que hace muy difícil que quienes están alrededor sepan si están siendo grabados. Los promotores de la campaña alertan de que esa capacidad de captación inadvertida abre la puerta a usos abusivos, desde el acoso hasta la vigilancia encubierta, y reclaman que se frene su venta antes de que su uso se generalice.
La iniciativa suiza no es un caso aislado, sino la última de una oleada de reacciones que recorre el continente. En Alemania, la organización HateAid denunció este mes ante la fiscalía de Fráncfort a Meta, Ray-Ban, Oakley y varios grandes minoristas, al considerar que las gafas vulneran una ley que prohíbe comercializar dispositivos camuflados como objetos cotidianos destinados a grabar de forma inadvertida, un delito que puede acarrear penas de hasta dos años de cárcel. La ciudad de Hamburgo ha llegado a multar a usuarios que grababan con estas gafas y estudia su prohibición. En el Reino Unido, numerosos pubs y restaurantes han empezado a vetar su uso en sus locales y en el Parlamento británico ya se ha registrado una petición para prohibirlas.
Las instituciones europeas también han entrado en el debate. El Comité Europeo de Protección de Datos ha encargado un informe sobre la aceptabilidad social de las gafas inteligentes, cuyos resultados aún se desconocen, mientras las autoridades francesas de protección de datos constataron a principios de año que el 67 % de los encuestados considera que estos aparatos suponen un riesgo para la privacidad. En España, la Agencia Española de Protección de Datos ha aclarado que su uso no es en sí ilegal, aunque persisten las dudas jurídicas sobre situaciones concretas de grabación a terceros.
El fenómeno recuerda al que en su día rodeó a las Google Glass, que hace más de una década ya despertaron un intenso rechazo social por motivos idénticos. La diferencia es que ahora el mercado de estos dispositivos crece con rapidez, con Meta a la cabeza y compañías como Samsung sumándose al negocio, lo que ha convertido la tensión entre innovación tecnológica y derecho a la intimidad en un asunto de primer orden. Por el momento, ningún país ha llegado a prohibir legalmente su venta, por lo que la respuesta se limita en la práctica al derecho de admisión de algunos establecimientos y a iniciativas ciudadanas como la suiza. La rapidez con que esta petición ha sumado apoyos, sin embargo, evidencia que la preocupación por unos dispositivos capaces de grabar sin ser detectados ha dejado de ser cosa de expertos para instalarse en la calle.
