La directora general de las Finanzas Públicas de Francia, Amélie Verdier, reconoció este martes que su administración sufrió este verano un tercer robo de datos, un ataque del que, como en los dos casos anteriores, solo tuvo constancia después de que el pirata lo reivindicara públicamente. En una rueda de prensa junto al ministro de Hacienda, David Amiel, Verdier explicó que esta nueva sustracción afectó al servicio de la administración fiscal en el que los acreedores pueden consultar si una persona fallecida que les debía dinero tiene herederos a los que reclamar la deuda.
La responsable del fisco trató de acotar la gravedad de este último incidente. Verdier subrayó que, por la naturaleza de los datos afectados, este robo no tiene la misma importancia que el primero, y admitió que la posibilidad de que se hayan producido otras sustracciones de las que la administración aún no tiene noticia existe. Un reconocimiento revelador, porque en los tres casos el patrón se ha repetido: la Hacienda francesa detectó intromisiones en las cuentas de sus agentes, pero no fue consciente de que se hubieran extraído datos hasta que los propios atacantes lo airearon. La Autoridad Nacional de Ciberseguridad, la ANSSI, les alertó de la última intrusión casi al mismo tiempo que el pirata la hacía pública.
El episodio se enmarca en una cadena de ataques que ha sacudido al fisco galo durante el verano. El primero y más grave, revelado el 13 de agosto pero perpetrado entre junio y julio, comprometió los datos de más de 678.000 contribuyentes, entre ellos nombres, direcciones, el ingreso fiscal de referencia y el tipo de retención, aunque no las declaraciones completas ni el acceso a las cuentas personales. Un segundo ataque, atribuido al mismo ciberdelincuente, que actúa bajo el seudónimo de ZeroBytes, permitió sustraer información catastral de cientos de miles de propietarios. Las intrusiones fueron posibles gracias a la suplantación de credenciales de un agente de la administración y de un tercero autorizado, y la Hacienda ha justificado la tardanza en dar la alerta por la sofisticación de un ataque que impidió detectar a tiempo el robo.
La justicia investiga ya el primer robo por un delito castigado con al menos cinco años de cárcel, mientras el presunto autor llegó a poner a la venta el fichero sustraído por varios miles de euros. Los socialistas han acusado a las autoridades de haber fracasado a la hora de proteger los datos fiscales de los franceses, y el Gobierno de Sébastien Lecornu ha enmarcado los ataques dentro de una ofensiva creciente contra las grandes organizaciones públicas y privadas de Europa. Verdier, que pidió disculpas a los afectados y prometió actuar con total transparencia, recordó que en 2025 el fisco logró frenar más de 6.500 ataques, y el Ejecutivo ha acelerado un plan de seguridad de los sistemas del Estado que prevé la creación de una nueva autoridad digital. El goteo de sustracciones, sin embargo, alimenta la sensación de vulnerabilidad de una administración que custodia los datos más sensibles de millones de ciudadanos.
