El Gobierno británico pondrá en marcha a partir de octubre un plan de excarcelación anticipada que permitirá liberar a varios miles de presos, con el fin de evitar el colapso de un sistema penitenciario al borde de la saturación. Las estimaciones varían según la fuente entre 5.000 y 6.000 reclusos, que saldrán de forma escalonada, en tandas ordenadas por la duración de la condena, hasta junio de 2027. La primera oleada, de unos 700 presos, está prevista para el 7 de octubre.
El programa se ampara en la Ley de Sentencias y permite que determinados reclusos salgan tras cumplir la mitad de su pena, en lugar de los dos tercios habituales. La selección es automática, en función del tipo de condena, sin una evaluación individualizada del riesgo, y la excarcelación solo se retrasa si el preso ha incurrido en faltas disciplinarias graves durante su estancia en prisión. Los liberados quedarán sometidos a una supervisión más estricta, con vigilancia electrónica, restricciones y controles reforzados a cargo del servicio de libertad vigilada.
El arranque del plan ha estado marcado por la polémica. El primer ministro, el laborista Andy Burnham, en el cargo desde el pasado 20 de julio, los suspendió pocos días después, ante la indignación de familiares de víctimas, y ordenó una revisión urgente. Tras ella, decidió el 4 de agosto excluir de cualquier beneficio a los condenados por violación, delitos sexuales graves contra menores y otros casos de abuso, también quedaron fuera de esa exclusión algunos supuestos, como ciertos delitos de homicidio involuntario.
La medida responde a una crisis estructural. Burnham advirtió de que el sistema se encuentra peligrosamente cerca de su capacidad máxima, tras años de escasa inversión y el cierre de 23 prisiones entre 2010 y 2024. El estado de deterioro de las instalaciones agrava el problema, con miles de celdas inutilizables. Como respuesta a largo plazo, el Ejecutivo laborista ha prometido construir cuatro nuevas cárceles y crear 14.000 plazas penitenciarias adicionales de aquí a 2031, una solución que, reconoce el propio Gobierno, tardará años en concretarse. El Partido Conservador, en la oposición, ha criticado con dureza el plan, al que califica de vía libre para delincuentes peligrosos.
