La verdad, tanto en la acepción de conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente o también, en la armonía de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, debería ser uno de los patrimonios más valiosos de la política. Vivimos tiempos de profunda crisis de credibilidad, por cierto, con toda la razón, debido principalmente a los comportamientos, llamémoslo educadamente, erróneos de los que ocupan o están en la oposición dentro de lo público. Para una parte importante de la sociedad, la política ha dejado de evocar una prestación de servicio, para convertirse en sinónimo de privilegio, oportunismo o engaño. Puede parecer una exageración, pero ciertamente la realidad supera la ficción. Sin embargo, qué ocurriría si nadie estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad de gestionar lo comunitario.
La respuesta es obvia y a la vez sencilla, una sociedad sin instituciones eficaces ni personas dedicadas a la gestión pública sería incapaz de garantizar la seguridad, la justicia, la educación, la sanidad, las infraestructuras, la economía y demás combinaciones sociales posibles. Mientras los ciudadanos, desde la iniciativa privada, crean riqueza, emprenden, innovan, trabajan y generan empleo, otros, elegidos democráticamente y en segunda opción a dedo, tienen la obligación de administrar con eficacia los recursos comunes, para que ese esfuerzo colectivo pueda desarrollarse en un entorno de estabilidad con oportunidades. Lo público no es un obstáculo para la prosperidad, es el marco que la hace posible, cuando se entiende y se hace desde la búsqueda del provecho común.
Es perentorio recuperar la dignidad de la ocupación política. No se puede permitir que casos de corrupción, que ya van siendo constantes e intrínsecos al sistema como una variable más de su funcionamiento fallido, definan una actividad cuya auténtica esencia consiste en servir al interés general, por ejemplo, no se desprecia a toda la educación por la mala praxis de algunos profesores, tampoco debería condenarse a toda la política por el comportamiento de quienes han traicionado su función, aunque en este caso son la mayoría.
Lo público, lo de todos, carreteras, hospitales, colegios, equipamiento comunitario, ayudas sociales o función administrativa, existe gracias al esfuerzo fiscal de millones de personas. Los recursos públicos tienen un propietario muy concreto, la sociedad que los aporta, administrarlos bien exige responsabilidad, eficiencia y transparencia.
Pero aún más grave resulta cuando algunos responsables públicos llegan a comportarse como si aquello que tutelan les perteneciera. No es patrimonio personal ni dominio al servicio de intereses particulares. Quien ocupa un cargo no recibe una propiedad heredada o adquirida, sino una custodia temporal. Aunque se den casos, en Canarias bastantes, de que casi toda una familia se aproveche de su estadía en algún puestito aquí o allá, en la administración local, insular o autonómica.
La verdadera misión consiste en gestionar con rigor aquello que pertenece a todos y rendir cuentas permanentemente por cada decisión adoptada. Por eso, la sinceridad tiene que ser una virtud irrenunciable. Se necesita recuperar el culto a la verdad. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, reconocer errores cuando se producen y explicarlos con honestidad. La confianza ciudadana no nace de la perfección, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que realmente se hace.
La mentira puede proporcionar alguna victoria momentánea, pero termina destruyendo el vínculo esencial entre votantes y elegidos. Cuando desaparece la confianza, se debilita la democracia, dejando la verdad de ser un valor para convertirse en una quimera y de ahí nace el populismo, la demagogia y el descrédito institucional, que encuentran el terreno perfecto para crecer peligrosamente.
La política seguirá siendo imprescindible para la convivencia acertadamente. Lo verdaderamente prescindible son quienes entienden el poder como un privilegio y no como un servicio. Son unos perfectos truhanes. La honradez, la sinceridad, el respeto escrupuloso por la verdad, deberían constituir el requisito mínimo para el aspirante a representar a sus conciudadanos, partiendo invariablemente desde la integridad personal.
