Las gafas inteligentes de Meta, las Ray-Ban desarrolladas junto a EssilorLuxottica, incorporan un pequeño LED blanco que se enciende para avisar de que el dispositivo está grabando. La compañía ha convertido ese testigo luminoso en la pieza central de sus normas de uso: desde julio de 2026, mediante una actualización de firmware obligatoria, las gafas desactivan la cámara si detectan que la luz ha sido tapada, manipulada o destruida físicamente, de modo que sin ese LED encendido no se puede tomar ninguna imagen. La medida responde a que algunos usuarios habían dejado de limitarse a cubrir el indicador con cinta para recurrir a métodos más sofisticados que anulaban el aviso.
La Agencia Española de Protección de Datos considera, sin embargo, que ese chivato no es suficiente. El organismo ha confirmado que usar estas gafas no es en sí ilegal, pero subraya que toda la responsabilidad recae sobre el propietario del dispositivo. La imagen y la voz de una persona son datos personales cuando permiten identificarla, y la Ley Orgánica 1/1982 protege el derecho a la propia imagen. En espacios públicos se pueden emplear siempre que quien graba no enfoque a personas que no lo han autorizado, mientras que grabar conversaciones ajenas en las que uno no participa constituye delito con independencia del lugar. La línea roja se rebasa con especial claridad en baños, vestuarios, consultas médicas, colegios o domicilios.
El problema de fondo, según los expertos, es que estas gafas apenas se distinguen de unas convencionales y pasan desapercibidas, lo que facilita grabaciones no consentidas. El LED, diminuto y poco visible a plena luz, es a menudo la única señal de que la cámara está activa. Por eso los fabricantes se han refugiado en él para blindarse frente a posibles problemas legales, trasladando la carga de la responsabilidad al usuario.
El asunto llega en plena expansión comercial de las Ray-Ban Meta, de las que se han vendido más de dos millones de unidades, y arrastra una creciente presión regulatoria en Europa. Autoridades como la comisión de protección de datos de Irlanda cuestionan desde 2021 si una simple luz basta para informar a terceros, y la francesa CNIL ha advertido de que el verdadero riesgo no reside solo en la grabación, sino en el posterior análisis del contenido mediante inteligencia artificial y su difusión en redes. La compañía, que ya anunció su intención de incorporar reconocimiento facial en futuras versiones, afronta además una demanda en Estados Unidos por presunta publicidad engañosa, después de que se revelara que trabajadores de una empresa subcontratada en Kenia habían revisado grabaciones privadas de los usuarios.
