El plan de la Unión Europea para reducir la presencia de los fabricantes chinos Huawei y ZTE en sus redes de telecomunicaciones tendría un coste muy superior al calculado inicialmente por Bruselas. Según un informe elaborado por la patronal del sector, la GSMA, a partir de datos de siete de los mayores operadores europeos —entre ellos Telefónica, Vodafone y Orange—, retirar y sustituir esos equipos podría elevar la factura hasta los 64.000 millones de euros, muy por encima de los 17.000 a 21.500 millones que manejaba la Comisión Europea.
El desfase, según la asociación, se explica por el enfoque del estudio oficial: Bruselas centró su evaluación en las redes móviles y pasó por alto la penetración de la tecnología china en el resto de capas de la infraestructura. El coste directo de arrancar y reemplazar los equipos en redes móviles, fijas y de transporte se sitúa entre los 30.000 y los 40.000 millones, tres o cuatro veces la estimación inicial de la Comisión; el resto, hasta esa cifra máxima de 64.000 millones, corresponde al impacto añadido sobre las redes de transporte y la renovación de la banda ancha fija.
El origen de la polémica es la propuesta CSA2, la revisión de la Ley de Ciberseguridad europea presentada por la Comisión el pasado enero. La norma, por primera vez, convierte en obligación lo que hasta ahora era una simple recomendación: fija un calendario vinculante para todo el bloque que obliga a expulsar a los proveedores designados de alto riesgo del núcleo y del acceso de las redes 5G. Aunque Bruselas no ha publicado una lista oficial, ya concluyó en 2023 que Huawei y ZTE suponen un riesgo sustancialmente mayor que el resto de fabricantes. Actualmente Huawei concentra en torno al 25 % del mercado europeo de equipos de red móvil y ZTE un 7 %, cuotas que quedarían en cero y que asumirían sobre todo Nokia y Ericsson.
Las operadoras advierten de que difícilmente podrán trasladar ese sobrecoste a los precios finales, por lo que la respuesta más probable sería recortar o aplazar inversiones, con el consiguiente frenazo al despliegue del 5G y el 6G. Pese a las objeciones del sector, el impulso político sigue adelante: Alemania ya ha anunciado la exclusión de ambos fabricantes incluso de sus futuras redes 6G.
