Una de las organizaciones antitabaco más influyentes del mundo, la británica Action on Smoking and Health, ha lanzado una advertencia que cuestiona uno de los principios sobre los que se sostiene la nueva ley española del tabaco: la equiparación entre el cigarrillo tradicional y las alternativas sin combustión. El aviso coincide con la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, que aún debe tramitarse en el Congreso y el Senado.
La entidad, fundada con el apoyo del Royal College of Physicians y considerada una referencia en la prevención del tabaquismo en el Reino Unido, alerta de que millones de fumadores están desarrollando una percepción equivocada sobre el vapeo, al creer que puede ser tan perjudicial o incluso más dañino que fumar. Según un informe reciente de la organización, más de la mitad de los fumadores británicos comparte esa idea, que sus responsables consideran contraria a lo que indica la evidencia científica. Su directora ejecutiva, Hazel Cheeseman, calificó de alarmante que la percepción pública se haya distanciado tanto de las pruebas disponibles.
El fondo del debate es la estrategia de reducción del daño. ASH sostiene que, si los fumadores creen que todas las alternativas tienen el mismo impacto en la salud, pueden perder una oportunidad de abandonar el cigarrillo convencional. La organización recuerda que países como Suecia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos han incorporado en distinta medida esa filosofía a sus políticas antitabaco, diferenciando entre el tabaco combustible y los productos que no queman tabaco al partir de la premisa de que no todos los sistemas de administración de nicotina entrañan el mismo riesgo.
La normativa española camina en sentido contrario. El proyecto aplica a las alternativas sin humo —vapeadores, tabaco calentado y dispositivos similares— las mismas limitaciones de consumo previstas para el cigarrillo en los espacios donde está prohibido fumar, prohíbe fumar en las terrazas y contempla multas de entre 200 y 600.000 euros, si bien excluye las bolsas de nicotina de esa equiparación en los espacios sin humo. La reforma ha abierto un intenso debate: la industria, los estancos y la hostelería reclaman una regulación diferenciada por niveles de riesgo, mientras Sanidad defiende el criterio de la equiparación y las organizaciones sanitarias más exigentes consideran, en cambio, que el texto se queda corto, al haber dejado fuera el empaquetado genérico y aplazado la prohibición de los vapeadores desechables.
