El Gobierno de Marruecos aseguró este lunes que había alertado a España, antes de la crisis migratoria de Ceuta, de que la sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones en caliente debilitaba la cooperación bilateral en el control de la inmigración. Es la primera valoración pública de Rabat sobre la incursión de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio a través del espigón del Tarajal.
En su comunicado, el Ministerio del Interior marroquí achacó la crisis a una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, la desinformación y los malentendidos en torno a esa resolución judicial. Según la tesis de Rabat, el fallo desarticuló la capacidad disuasoria de España y generó un efecto llamada que las mafias explotaron difundiendo, a través de WhatsApp y otras redes sociales, la idea de que quien llegara por mar ya no podría ser devuelto. Las autoridades marroquíes sostienen que esa jurisprudencia, al limitar los retornos inmediatos en interceptaciones marítimas, alteró el marco de colaboración vigente.
El Ejecutivo marroquí rechazó de plano haber reducido su presencia en la frontera por presiones o chantaje y se reivindicó como aliado fiable de España, comprometido a reforzar la cooperación internacional contra la migración irregular y el tráfico de personas. En la misma línea, cargó contra las críticas de varios políticos europeos, a las que calificó de electoralistas y racistas, y reclamó una responsabilidad compartida en la gestión migratoria, eximiendo expresamente al Gobierno de Pedro Sánchez de esos reproches.
La versión marroquí coincide en lo esencial con la del propio Ejecutivo español, que también atribuyó la avalancha a las mafias y a la difusión distorsionada de la sentencia. El relato, sin embargo, no despeja todas las incógnitas: fuentes de la inteligencia española sostienen que diversos informes previos ya habían advertido de una posible avalancha coincidiendo con la fiesta del Trono marroquí, avisos que, según esas fuentes, el Gobierno no atendió a tiempo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto defender este martes ante el consejo extraordinario de ministros de la UE el compromiso de España con el control de las fronteras europeas.
