Se Acabó La Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pére, presentó este viernes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una denuncia por traición contra Pedro Sánchez por la gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El escrito, firmado por Luis Pérez Fernández, sostiene que el Ejecutivo no habría empleado los instrumentos legales a su alcance para impedir el desbordamiento de la frontera y que esa supuesta inacción encajaría, de forma indiciaria, en el artículo 582.1 del Código Penal.
Ese precepto castiga a quien facilite al enemigo la entrada en España o la toma de una plaza o instalación estratégica del Estado. Para salvar el hecho evidente de que nadie ha abierto una puerta, la denuncia recurre a la comisión por omisión: alega que el presidente del Gobierno ocupa una posición de garante respecto a la defensa del Estado y el control de fronteras.
El escrito construye además una interpretación propia del concepto de «enemigo», que extiende a la llamada instrumentalización de los flujos migratorios dentro de estrategias de guerra híbrida. Es una tesis doctrinal, no una lectura consolidada por los tribunales españoles.
El obstáculo que la propia denuncia reconoce
Aquí está el dato que importa: el artículo 102.2 de la Constitución establece que la acusación por traición o por delitos contra la seguridad del Estado cometidos por el presidente del Gobierno en el ejercicio de sus funciones solo puede plantearla una cuarta parte de los diputados y necesita ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso.
SALF no tiene esos números. Ni de lejos. La denuncia intenta sortearlo con un argumento procesal: que presentar una denuncia no es ejercer la acción penal, sino poner unos hechos en conocimiento del juez, y que corresponde al Supremo trasladarlos a quien sí está legitimado.
Es un movimiento hábil sobre el papel y previsiblemente estéril en la práctica. El alto tribunal decidirá sobre su admisión, y presentar un escrito no abre causa, no acredita nada y no convierte en hechos probados las afirmaciones que contiene.
Qué pide y qué contexto tiene
Entre las diligencias solicitadas figuran informes al Ministerio del Interior sobre los efectivos desplegados, documentación del Departamento de Seguridad Nacional sobre las alertas recibidas y la declaración como testigos de los mandos operativos de Guardia Civil y Policía Nacional en El Tarajal.
El detonante es real y grave. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifró en unas 2.000 las entradas irregulares en los diez días previos al 30 de julio, reclamó mando único y pidió la declaración de emergencia nacional. El CETI, diseñado para 512 plazas, superaba el millar de ocupantes. Hay cadáveres recuperados en los cruces a nado. Las cifras de la llegada del jueves 30 varían enormemente según la fuente y no están consolidadas.
El Gobierno rechazó la declaración de emergencia nacional alegando que la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil reserva esa figura a riesgos naturales y tecnológicos, no a episodios migratorios. Optó por reforzar la Guardia Civil con apoyo de las Fuerzas Armadas y negociar devoluciones con Marruecos. La denuncia de SALF convierte ese rechazo en indicio de traición. Es un salto que ningún tribunal ha avalado hasta hoy.
Por qué esto interesa en Canarias
Porque el argumento jurídico del Gobierno no se agota en Ceuta. Si la emergencia de interés nacional no cubre una crisis migratoria en el estrecho, tampoco cubre la ruta atlántica. Canarias lleva años pidiendo respuesta estatal a una presión que gestiona con medios autonómicos e insulares, y la discusión sobre qué figura legal permite activar el mando único del Estado es exactamente la misma que se está ventilando ahora en Ceuta.
Conviene añadir un dato para calibrar quién presenta la denuncia: el Tribunal Supremo mantiene abiertas varias causas penales contra el propio Alvise Pérez, entre ellas una por presunta financiación ilegal de su campaña europea.
Lo que nadie ha explicado todavía es qué mecanismo legal queda entonces disponible cuando una ciudad española de 84.000 habitantes recibe en diez días al equivalente al 2% de su población. La denuncia por traición no lo responde. El Gobierno tampoco.
