La Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, aprobó una ley que amplía la categoría de personas con antecedentes penales o que afrontan cargos que pueden firmar contratos con las Fuerzas Armadas rusas. A partir de ahora podrán alistarse quienes hayan sido condenados o estén acusados por narcotráfico, pertenencia a banda armada u organización criminal, y por la pérdida de documentos que contengan secretos de Estado.
El viceministro de Defensa, Víctor Goremkin, precisó que quienes se acojan a esta vía integrarán unidades especiales sometidas a un control reforzado por parte de sus superiores. La norma se tramitó con urgencia, apenas unos días después de que el propio Gobierno remitiera el proyecto a la Cámara Baja.
Detrás de la medida está el estancamiento en el número de rusos dispuestos a combatir en Ucrania. El Ejército recluta de forma masiva a personas con antecedentes penales y presidiarios desde el segundo año de la guerra, y esta ampliación busca revertir la tendencia a la baja en los alistamientos voluntarios, pese a los incentivos económicos que Moscú ofrece a quienes se enrolan.
El portal independiente Meduza informa desde hace semanas de que las autoridades debaten esa opción «a todos los niveles», aunque matizan que la decisión no se ha tomado y que, en cualquier caso, no se anunciaría antes de las elecciones legislativas de septiembre. En ese mismo contexto, medios independientes revelaron que la Guardia Nacional rusa ha incorporado a su reglamento protocolos de preparación ante las amenazas derivadas de una eventual movilización, la misma que en 2022 provocó la huida de aproximadamente un millón de rusos en edad militar.
