La Asamblea Nacional francesa aprobó este miércoles, por 291 votos a favor y 241 en contra, la ley que reconoce el derecho a la «ayuda a morir», convirtiendo a Francia en el último gran país de Europa occidental en dar ese paso. El texto regula la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento.
Era una votación definitiva en tercera lectura. Desde 2025, los diputados habían aprobado el texto en dos ocasiones, pero el Senado de mayoría conservadora lo había tumbado otras tantas veces. El Gobierno optó finalmente por llevar la ley a una tercera lectura en la Cámara baja, donde la Asamblea tiene la última palabra.
El texto fue impulsado por el diputado Olivier Falorni, de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle, e introduce en Francia el derecho a la «ayuda a morir», que debe ser ejercida por la propia persona implicada o, excepcionalmente si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero. Los términos «eutanasia» y «suicidio asistido» no aparecen en la ley, una decisión deliberada para evitar connotaciones históricas asociadas al nazismo y para no generar confusión con la prevención del suicidio.
Las condiciones para acceder al derecho son estrictas: hay que ser mayor de edad, tener nacionalidad francesa o residencia en el país, sufrir una enfermedad grave e incurable con pronóstico vital comprometido en fase avanzada o terminal y atravesar un proceso irreversible de deterioro. El paciente debe expresar su voluntad de forma libre y reiterada.
El presidente Emmanuel Macron, que impulsó el proceso desde la creación de una convención ciudadana en 2022, celebró la aprobación en X, calificando el debate de «íntimo y grave» y subrayando que era la única vía posible. La Iglesia católica francesa, sin embargo, consideró la ley una «ruptura grave» en la historia del país y advirtió de que sus efectos cambiarán la relación de la sociedad con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad y la enfermedad.
La norma deberá superar aún el control del Consejo Constitucional antes de entrar en vigor. El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, ya ha anunciado que recurrirá al alto tribunal. Con esta ley, Francia se suma a Bélgica, Países Bajos, España, Suiza y Canadá, entre otros países que han regulado alguna forma de ayuda a morir.
