Japón pone en marcha este julio el mayor cambio en su arquitectura de inteligencia desde la fundación de la Oficina de Investigación e Inteligencia del Gabinete en 1952. La reforma, aprobada en el Parlamento en mayo, crea la Agencia Nacional de Inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia, presidido por la primera ministra Sanae Takaichi y los nueve miembros más relevantes del Gabinete.
Durante siete décadas, Japón gestionó su información de seguridad de forma compartimentada y descentralizada, con cada ministerio, la Policía Nacional, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el servicio civil de seguridad trabajando en silos separados sin obligación de compartir datos entre sí. Esa fragmentación hizo que la inteligencia llegara al jefe de Gobierno con retrasos y filtros burocráticos que los aliados occidentales consideraban inaceptables para el nivel de amenazas actuales. La nueva agencia centraliza toda esa función, absorbe la antigua oficina de inteligencia del Gabinete, tendrá una dotación inicial de 700 efectivos y capacidad legal para exigir información a cualquier ministerio o agencia del Estado.
El impulso proviene de la presión geopolítica. La escalada de las tensiones con China en el mar de la China Oriental y en el estrecho de Taiwán, los ciberataques atribuidos a Pekín contra infraestructuras japonesas y el deseo de Tokio de acceder a los niveles más clasificados de la alianza de inteligencia anglosajona Five Eyes han convertido la reforma en una prioridad de primer orden. La nueva estructura, avalada expresamente por el FBI estadounidense, aspira a que Japón sea aceptado como el llamado «sexto ojo» de esa red.
La reforma no ha estado exenta de crítica interna. El Partido Democrático Constitucional advirtió en el Parlamento de que la concentración de poderes de inteligencia bajo la jefatura directa del Ejecutivo podría «infringir grave e injustamente los derechos humanos» si opera sin controles efectivos. El Gobierno ha respondido incorporando una restricción explícita en la ley: la agencia tiene vedada la recolección de información sobre procesos electorales internos, y se comprometió a publicar antes de finales de 2026 una Estrategia Nacional de Inteligencia con control parlamentario.
