El Instituto Juan de Mariana publicó este jueves el informe El precio de sostener el castrismo, en el que cuantifica en 4.994 millones de euros el coste económico efectivo del respaldo español al régimen cubano a lo largo de las últimas tres décadas, incluyendo la condonación parcial de deuda, la ayuda directa, las transferencias en materia policial, los programas energéticos y los proyectos de digitalización administrativa.
El punto de partida es el acuerdo de deuda alcanzado en mayo de 2016 entre España y Cuba, derivado del pacto del Club de París. Según el Instituto, la deuda bilateral ascendía entonces a 2.444 millones de euros, de los que España condonó 1.492 millones, aproximadamente el 60%. Si Cuba hubiera tenido que financiarse en condiciones de mercado, el importe restante habría ascendido a 5.280 millones en 2026. De ahí la cifra de 4.994 millones como coste económico real.
Pero el informe va más allá del capítulo de la deuda. Documenta ventas de material policial, programas energéticos multimillonarios, proyectos de digitalización de la administración cubana, cooperación institucional y asistencia técnica que, a juicio de sus autores, ha reforzado distintas capacidades del aparato estatal cubano sin que haya existido una rendición de cuentas efectiva sobre el destino de esos fondos. A ello se suma la ayuda directa de la AECID, cuyo volumen se ha triplicado desde 2020, y las aportaciones de comunidades autónomas como Cataluña, que aprobó este año 440.000 euros para Cuba, y Galicia, que canalizó 2,3 millones a través de Cooperación Galega.
Paralelamente, más de 150 empresas españolas acumulan impagos del régimen por valor de 255 millones de euros, cifra que el informe eleva a 318 millones al incluir los intereses. El Instituto Juan de Mariana, de orientación liberal, concluye que la política española hacia Cuba, mantenida con escasas variaciones por gobiernos de distinto signo durante más de treinta años, ha aliviado la presión financiera sobre el régimen sin obtener a cambio mejoras verificables en materia de derechos humanos ni en la situación de la población cubana.
