El paquete de 176 medidas, ratificado por la Asamblea Nacional en plena crisis de desabastecimiento y apagones, abre la puerta al capital extranjero y anuncia la liquidación de las empresas que no resistan la devaluación del peso.
Cuba ha dado el paso más profundo hacia mecanismos de mercado desde el triunfo de la Revolución en 1959. El gobierno cubano, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, anunció la aprobación del mayor paquete de reformas económicas en la historia de la isla. La Asamblea Nacional del Poder Popular dio luz verde a un total de 176 medidas que introducen formalmente dinámicas de mercado, autorizan la creación de bancos privados, abren las empresas estatales a accionistas particulares, decretan el fin del igualitarismo mediante el desmantelamiento de los subsidios universales y permiten devaluaciones sucesivas de la moneda nacional.
La velocidad con que se ha tramitado el plan revela la urgencia del Gobierno. El paquete fue anunciado por Díaz-Canel el 12 de junio, respaldado por el Comité Central del Partido Comunista el 17 y ratificado por la Asamblea Nacional apenas un día después, el 18. El primer ministro, Manuel Marrero, explicó ante los diputados que, de las 390 propuestas evaluadas en el proceso de consulta previo, que incluyó a especialistas de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, académicos y comisiones del Partido y la Asamblea, se aceptó finalmente el 66,7%.
Entre los cambios más significativos figura el fin del control estatal sobre los sueldos. En materia salarial, se eliminarían las restricciones actuales y se aceptarían pagos variables en pesos y en divisas. A esto se suma la apertura financiera más radical del periodo posrevolucionario: se autoriza la creación de bancos y otras instituciones financieras de carácter no estatal, además de permitir la participación de inversores nacionales y extranjeros en diversos sectores de la economía, siempre bajo tutela estatal. El plan crea además un mercado cambiario digital y autoriza casas de cambio privadas.
El cambio alcanza también a la propiedad inmobiliaria y al comercio exterior. El paquete permite la inversión de cubanos residentes en el exterior con usufructo de tierras por hasta 99 años. Las empresas estatales y privadas podrán importar y exportar de forma directa, sin intermediarios estatales obligatorios, una demanda reiterada durante años por el sector privado. En el terreno social, los subsidios universales dejan paso a ayudas focalizadas para jubilados y personas vulnerables, en un giro hacia un sistema más selectivo de protección social, mientras se prevé además la introducción gradual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Gobierno no ha ocultado la dureza de la transición que se avecina. Las autoridades han advertido de que las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas. Pese a la magnitud del giro, el primer ministro Marrero ha insistido en que las medidas tienen un «impacto estratégico» y asumen explícitamente que el mercado puede ser «un instrumento para asignar recursos con eficiencia», aunque, según ha aclarado, sin abandonar el proyecto socialista.
Cuba atraviesa la crisis más severa desde el Período Especial de los años noventa: en el primer semestre de 2026 ha registrado un promedio diario de 20 horas de afectación eléctrica y un déficit de 1.955 megavatios, mientras la inflación interanual en el mercado formal alcanzó el 15,89% en mayo y el dólar en el mercado informal pasó de 515 a 680 pesos cubanos en apenas tres meses.
Detrás de esos números, el propio Gobierno señala una causa concreta. Desde enero de 2026, la administración Trump ha aplicado una política de «máxima presión» que incluye una orden ejecutiva con aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, cortando de facto el flujo de crudo venezolano que sostenía buena parte del consumo energético de la isla, además de presionar a México para frenar sus propios envíos.
