Hay que tener una cara muy dura, o mucha fe en la ignorancia del personal, para seguir al frente de un Gobierno en el que la corrupción ya no cabe en un folio. Ya no cabe en dos. Ni en un tocho de los que usábamos en la universidad. Pedro Sánchez sigue en el poder como si nada, mientras sus señorías los jueces van apuntando nombres en sus sumarios con la meticulosidad de un cartero que no pierde un solo paquete.
Empecemos por el principio, o por donde se pueda, que son muchos frentes. El caso Koldo. El que era asesor del ministro de Transportes, ese tal Koldo García, resulta que andaba cobrando comisiones por mascarillas durante la pandemia. Mascarillas que, recordemos, necesitábamos todos para no palmarla. Pues bien, de ahí tirando del hilo apareció José Luis Ábalos, que fue ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Sánchez. Según el empresario Víctor de Aldama, que ha tenido la delicadeza de declararlo ante el juez, Ábalos recibió mordidas de 400.000 euros. Cuatrocientos mil euros. No es una cifra redonda que se inventa uno porque sí.
Luego está Santos Cerdán, que sucedió a Ábalos como secretario de Organización del partido y que parece haber aprendido del maestro con notable aprovechamiento. La UCO, que es la Guardia Civil que investiga estas cosas y que no tiene fama precisamente de inventarse los informes, le sitúa gestionando entre 620.000 y 650.000 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Grabaciones incluidas. Cuando le llegaron las grabaciones, Cerdán dimitió de todo en un tiempo récord. A veces la prisa dice más que las palabras.
Pero lo verdaderamente gordo, lo que ya roza lo esperpéntico, es Leire Díez. El juez Santiago Pedraz dice, en su propio auto, que Cerdán le encargó a esta señora coordinar actuaciones para «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno». Esto no lo digo yo. Lo dice el juez. Con esas palabras. Si a alguien se le ocurre una definición más clara de ataque al Estado de derecho, que me lo haga llegar.
Y entonces llegamos a la familia. Que es donde la cosa se pone más delicada, porque uno puede separar al político del partido, pero separar al presidente de su propia casa ya es más difícil. Begoña Gómez, la señora del presidente, tiene su propia causa judicial por tráfico de influencias. El juez Peinado, que se jubila en septiembre y no parece que vaya a dejar el expediente sin resolver, la tiene citada para el 15 de junio para la audiencia preliminar. O sea, la semana que viene. El juicio, si llega, lo decidirá un jurado popular. Imagínense la campaña que se nos viene encima.
Y el hermano. David Sánchez, músico de cámara, que un buen día apareció como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, con un sueldo que habría que ver si se correspondía con algo concreto que hacer cada mañana. Pues David se sentó hace unos días en el banquillo de los acusados. Declaró quince minutos, solo respondió a su abogado y dijo que él no influye en nada. Hombre, si no influyes en nada, para qué te nombraron. Se enfrenta a tres años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias. Es el primer familiar directo de un presidente español que se sienta en el banquillo. Que conste.
Por si fuera poco, hace pocos días imputaron también al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal y tráfico de influencias, en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Zapatero, que llevaba años yendo por el mundo a dar lecciones de democracia. En fin.
El Gobierno llama a todo esto lawfare, que es una palabreja inglesa con la que pretenden convencernos de que los jueces se han confabulado contra ellos. Nueve causas abiertas. Nueve. Con informes de la UCO, con grabaciones, con declaraciones ante el juez, con autos firmados. Si esto es una conspiración judicial, es la más documentada de la historia de la democracia española.
Lo que más asombra no es la corrupción en sí. La corrupción, por desgracia, no es nueva en este país ni en ningún otro. Lo que asombra es el descaro. La ausencia total de pudor. Que un presidente que llegó al poder con la corrupción del PP como argumento principal lleve años gobernando mientras sus más cercanos comparecen ante los tribunales uno detrás de otro. Y que aún haya quien le aplauda. Hay gente para todo.
España merece algo mejor que esto. Y los españoles, también. Aunque a veces me pregunto si nos lo merecemos de verdad, porque seguimos aguantando.
