La controversia que ha monopolizado el debate político de esta semana entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias por la gestión del crucero MV Hondius, ha sido presentada como un desacuerdo técnico, pero revela un problema más profundo: la erosión de la amistad cívica entre instituciones.
Este concepto de amistad cívica, arraigado en la tradición aristotélica y reformulado con especial lucidez por Adela Cortina (quizá la filósofa contemporánea española más infravalorada, catedrática de filosofía de derecho, Universidad de Valencia) designa un vínculo que permite a una comunidad política sostener la cooperación incluso en el desacuerdo. Aristóteles entendía la amistad cívica como la disposición a reconocer al otro como parte legitima de la polis y a trabajar con él por un bien común compartido. Cortina actualiza esta intuición y la coinvierte en una virtud publica indispensable que no exige simpatía ni unanimidad, sino lealtad al proyecto común, respeto mutuo y voluntad de deliberar racionalmente. Cuando ese vínculo se debilita, la política se desliza hacia la sospecha y la polarización. El caso Houndius ilustra esta fragilidad. El gobierno canario denunció que el ejecutivo central actuó de manera unilateral al autorizar la entrada en el puerto de Granadilla sin coordinación previa. Aunque la competencia portuaria es estatal, la amistad cívica exige algo más que cumplir la ley: exige construir legitimidad conjuntamente. La unilateralidad no es solo un fallo procedimental, sino un síntoma de la pérdida de confianza entre administraciones que deberían cooperar como partes de un mismo proyecto político. A ello se sumó una escalada retórica que deterioró aún más el clima institucional. Alguna declaración del gobierno canario, así como también otras del gobierno de España orientadas a subrayar riesgos improbables o a ocultar informaciones, encajan en lo que Adela Cortina denomina como mala retórica, concretamente todos los discursos que apelan al miedo o a sentimientos generalistas en lugar de favorecer la deliberación (mencionado en sus obras Ética sin moral, de 1990 y Amistad Cívica editado en 2008). Cuando se erosiona la confianza, materia prima de la amistad cívica, el resultado es que la política se convierte en un campo de batalla simbólico. De hecho, el episodio revela toda la tensión estructural del estado autonómico que no funciona solo por reparto de competencias, sino por cooperación. Sin ese cemento ético, cualquiera crisis, sea sanitaria, migratoria o económica, puede transformarse en un conflicto identitario. La amistad cívica es precisamente ese cemento invisible que permite que un Estado compuesto no se fracture ante cada discrepancia. Adela Cortina evidencia como la democracia no puede sostenerse solo sobre leyes y procedimiento, necesitas virtudes cívicas, la disposición a cooperar a escuchar y a reconocer al otro como parte del mismo proyecto político. La amistad cívica es una de esas virtudes, y su ausencia se hace visible en cada desencuentro institucional que deriva en confrontación pública. La pregunta que deja este episodio no es quién tenía razón en términos técnicos, sino qué tipo de relación política queremos entre los distintos niveles de gobierno. No es si el gobierno central tenía razón en gestionar una crisis sanitaria internacional o si el gobierno canario tenía razón o más razón en pretender garantía para los ciudadanos. Ambas posiciones pueden ser legítimas, pero sin un espacio deliberativo compartido, hay solo destrucción del estado cívico. Si la amistad cívica es un ideal normativo, nos hemos alejado de él; si la amistad cívica es una necesidad práctica revela lo urgente que es reconstruirla. En definitiva, en un estado plural la cooperación no es un lujo, sino la condición de posibilidad de la convivencia democrática. Lo contrario se llama dictadura.
