Cuatro mil euros al día. Esa es la cifra que el Cabildo de Tenerife ha estado invirtiendo, desde el 1 de enero, en publicitarse a sí mismo. En tres meses, más de 360.000 euros de dinero público repartidos entre medios y empresas de comunicación para, entre otras cosas, explicar la tasa del Teide y vender su gestión ambiental. No es ilegal. Pero merece una mirada despacio.
La cuenta es sencilla y conviene tenerla delante: de enero a marzo de 2026, la Corporación insular que preside Rosa Dávila ha repartido alrededor de 360.000 euros en publicidad institucional. Son datos publicados esta semana por elDiario.es Canarias Ahora, que ha rastreado los contratos menores y las adjudicaciones del primer trimestre. La foto que sale es clara: más de 40 adjudicatarios, una media diaria cercana a los 4.000 euros y un protagonista recurrente, la nueva tasa de acceso al Parque Nacional del Teide.
Hay que recordar de qué estamos hablando. La tasa del Teide es una de las medidas estrella de este mandato: un pago obligatorio para quienes quieren subir a las zonas más sensibles del Parque, presentado como una herramienta de protección ambiental y de control de afluencias. Desde el primer día ha generado debate en la calle, en el sector turístico y en la propia oposición. Por eso no sorprende que la institución haya invertido dinero en explicarla. Lo que sí toca preguntar es cuánto, a quién y con qué criterios.
Los 360.000 euros de tres meses no se gastan en un solo sitio. Se distribuyen entre medios locales, radios, televisiones, webs, cabeceras nacionales con edición canaria, productoras y empresas de cartelería. En muchos casos se contrata mediante contrato menor, una figura que no obliga a concurso público y que, por ley, tiene que estar suficientemente justificada. Cuando el volumen crece, el mecanismo se estira: mucho dinero, muy fraccionado, y una trazabilidad que exige leer adjudicación a adjudicación.
La institución defiende que comunicar es su obligación. Y lo es: una campaña sobre la tasa del Teide, sobre reciclaje, sobre riesgo de incendios o sobre una línea de ayudas tiene un valor de servicio público real. El problema no es publicitar; el problema es la proporción, la concentración y el calendario. 4.000 euros al día durante el primer trimestre de un año sin grandes elecciones locales es una cifra que merece ser explicada, no solo ejecutada.
Hay una pregunta de fondo que siempre acaba apareciendo cuando se habla de publicidad institucional en Canarias: ¿qué parte es información pública y qué parte es construcción de relato político? En un ecosistema mediático tan frágil como el nuestro, con medios pequeños que dependen de estos contratos para sobrevivir, la frontera se vuelve especialmente resbaladiza. El dinero público puede ser oxígeno para un tejido informativo necesario, pero también puede convertirse en un cordón umbilical incómodo. Lo uno no cancela lo otro.
En paralelo, el Cabildo acaba de aprobar unas cuentas para 2026 de 1.278 millones de euros, con un 10,3% más que el ejercicio anterior, una subida del 17% en políticas sociales y un récord histórico en vivienda (15,2 millones). Ahí entra la otra cara del debate: si hay músculo presupuestario para reforzar derechos, ¿qué lugar ocupa ese esfuerzo comunicativo frente a lo que se destina, por ejemplo, a emergencia habitacional?
No se trata de criminalizar una partida. Se trata de vigilarla. Los 360.000 euros de este trimestre son un punto de partida: quedan nueve meses por delante. Si el ritmo se mantiene, el Cabildo podría cerrar 2026 rozando o superando el millón y medio de euros en publicidad institucional. Para un contribuyente de Tenerife, esa cifra tiene que ir acompañada de algo más que una valla o un banner: exige auditorías claras, criterios públicos de reparto y una rendición de cuentas que vaya más allá de la nota de prensa.
El Teide no necesita marketing; necesita gestión. El Cabildo tampoco necesita comprarse titulares: tiene obra, tiene dinero, tiene competencias. Lo que le hace falta es transparencia granular y un criterio de reparto que no dependa del humor del gabinete. 360.000 euros en tres meses son muchos anuncios y pocas explicaciones. Seguiremos contando las facturas, una a una.
