La escena es difícil de imaginar hace apenas unos años. Un creador de contenido (hay dudas sobre si es esa la forma más adecuada para referirnos a él) retransmitiendo en directo desde el corazón de la gestión de una emergencia en Tenerife, mientras técnicos y responsables políticos coordinan decisiones.
El acceso de José Bolorino “Armani” (creador de Informe Bolorino) al CECOPIN durante la borrasca Therese ha abierto un debate que va mucho más allá de una anécdota puntual.
No se trata solo de quién entró, sino de por qué entró y, sobre todo, de qué modelo de comunicación está adoptando el Cabildo de Tenerife desde la llegada de Rosa Dávila.
Un precedente: el caso TheGrefg
“Hay ciudadanos que se informan exclusivamente a través de redes sociales”. Es la justificación estrella de muchos políticos en la actualidad para defender actuaciones cuestionables, y el Cabildo no ha sido una excepción.
La frase encierra un cambio de paradigma: el canal ya no es solo el medio tradicional, también es el influencer.
No es un matiz menor. Supone asumir que la eficacia comunicativa ya no se mide únicamente por la calidad o el rigor del mensaje, sino por su capacidad de llegar a audiencias masivas.
No es la primera vez que esta lógica aparece. La relación entre la actual presidencia del Cabildo y los grandes creadores digitales viene de atrás.
El episodio más evidente fue la subida al Teide del youtuber TheGrefg, rodeada de polémica por el trato recibido y por las condiciones en las que se produjo.
A pesar de las críticas políticas y de colectivos sociales, la respuesta institucional fue la de “pillos a la mar”: no hubo irregularidades y el impacto del contenido —millones de seguidores— lo validaba.
Ese argumento introduce un criterio nuevo en la acción pública: el alcance como valor.
¿Y los periodistas?
Hoy en día, lo que está en juego no es solo una visita, un vídeo o un directo, es la lógica que hay detrás.
Cuando una administración empieza a valorar la capacidad de difusión de un perfil por encima de su función o de su encaje en los protocolos habituales, se produce un desplazamiento.
Ese desplazamiento tiene consecuencias. La entrada de Bolorino en el CECOPIN no es relevante por quién es, sino por lo que implica: que el filtro de acceso a determinados espacios ha cambiado.
Durante décadas, el acceso a espacios sensibles, la cobertura de emergencias o la interlocución con las instituciones han estado mediadas por criterios profesionales. Acreditación, responsabilidad editorial y control de la información han sido elementos básicos en ese equilibrio.
No era una cuestión corporativa, sino operativa. La información en contextos críticos no es solo contenido, es también seguridad.
La irrupción de nuevos canales no elimina ese modelo, pero sí lo tensiona.
Estrategia o deriva
La apuesta por los influencers no se limita a episodios concretos. También se refleja en la voluntad institucional de vincular la imagen de Tenerife a grandes creadores digitales o a eventos asociados a este ecosistema.
Desde el punto de vista promocional, la estrategia es comprensible. La isla compite en un entorno global donde la visibilidad se mide en millones de visualizaciones.
Pero esa misma lógica, trasladada a otros ámbitos, abre interrogantes.
El primero es la difuminación de los límites entre comunicación institucional y entretenimiento. El segundo, la sensación creciente —especialmente en el ámbito periodístico— de que el acceso ya no depende únicamente de criterios profesionales, sino también de la capacidad de amplificación.
El tercero es más profundo. Cuando la información empieza a circular prioritariamente por canales no sometidos a las mismas reglas que los medios tradicionales, el control sobre el relato cambia.
Nada de esto implica que exista una sustitución total de los medios, pero sí apunta a una tendencia clara, en la línea del periodismo deportivo, que en este sentido fue el que marcó el camino: la política ya no solo habla con periodistas, también habla —y cada vez más— con quienes tienen audiencia y eso modifica las reglas del juego.
El límite
El problema no es que la administración utilice a un influencer para promocionar un destino turístico. Eso entra dentro de la lógica actual de comunicación.
El problema aparece cuando esa lógica se traslada a espacios donde tradicionalmente han primado criterios de control, seguridad y profesionalidad.
Porque no es lo mismo un vídeo en el Teide que un directo desde un centro de coordinación de emergencias.
Ahí es donde el debate deja de ser comunicativo y pasa a ser institucional.
Y ahí es donde Tenerife empieza a enfrentarse a una pregunta incómoda: si el criterio es el alcance, ¿quién decide quién entra y quién no?
