Varias fiscalías federales de Estados Unidos han iniciado investigaciones preliminares para determinar si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo contactos con redes del narcotráfico o si su campaña presidencial de 2022 recibió financiación ilícita de estos grupos. Según una información publicada este viernes por el diario The New York Times, las pesquisas se encuentran en una fase inicial y están siendo desarrolladas de forma independiente por oficinas fiscales en Manhattan y Brooklyn. El Departamento de Justicia busca esclarecer si existieron reuniones entre el mandatario y figuras del crimen organizado, así como la posible solicitud de sobornos a cambio de frenar extradiciones.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha designado a Petro como un objetivo prioritario dentro de sus investigaciones. Agentes de esta agencia, junto con especialistas en narcotráfico internacional y efectivos de Investigaciones de Seguridad Nacional, han comenzado a interrogar a narcotraficantes sobre sus supuestos vínculos con el entorno del presidente. Uno de los ejes centrales de la indagación se enfoca en las visitas de representantes del sector político de Petro a centros penitenciarios como La Picota, donde presuntamente se habrían negociado beneficios judiciales y promesas de no extradición a cambio de apoyo económico y político.
Las autoridades estadounidenses han subrayado que, de momento, no existen cargos formales contra el presidente colombiano y que la Casa Blanca no ha intervenido en la apertura de estos procesos judiciales. Por su parte, Gustavo Petro ha rechazado tajantemente las acusaciones a través de sus canales oficiales, calificándolas de ataques infundados y defendiendo la transparencia de su campaña. La situación añade una nueva capa de complejidad a las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington, especialmente tras las sanciones impuestas previamente por el Departamento del Tesoro a funcionarios cercanos a su administración a finales de 2025.
