Hay decisiones políticas que no necesitan sentencia para ser cuestionables, solo basta con leerlas con calma. La reforma salarial impulsada por el Gobierno de Canarias para los gerentes sanitarios es una de ellas.
El hecho de que el Tribunal Constitucional haya decidido mantenerla suspendida no hace sino confirmar que, como mínimo, había motivos más que razonables para frenar su aplicación.
La medida, incluida en la Ley de Presupuestos de 2025, ampliaba un complemento retributivo que hasta ahora protegía a determinados cargos procedentes del sector público para que no vieran reducido su sueldo al asumir responsabilidades de gestión.
Hasta ahí, el debate podía tener sentido. El problema llega cuando esa garantía se extiende a quienes provienen del sector privado, permitiendo en la práctica trasladar al ámbito público niveles salariales ajenos a los criterios habituales de la administración.
Una reforma con destinatarios muy concretos
El Gobierno de Canarias abría la puerta a fichar perfiles externos —vinculados, casi el 100% de las veces, a redes de confianza política o profesional— asegurándoles que no perderían poder adquisitivo al entrar en la sanidad pública.
No solo eso, la medida incluía efectos retroactivos, con pago de atrasos, lo que refuerza la sensación de que no estamos ante una reforma estructural, sino ante una decisión con nombres y apellidos.
Aquí lo suyo es preguntarse qué modelo de administración se está construyendo.
La sanidad pública no es una empresa privada. Sus cargos directivos no deberían competir en un mercado salarial al alza ni necesitar incentivos extraordinarios para asumir responsabilidades que, en esencia, son de servicio público.
Cuando un gobierno empieza a adaptar las reglas para que determinados perfiles no “pierdan dinero” al entrar en la administración, el riesgo es evidente, convertir la gestión pública en un espacio cada vez más permeable a lógicas privadas, a redes de afinidad y, en última instancia, a las conocidas puertas giratorias.
El aviso del Constitucional
El TC, por ahora, no entra en ese fondo pero sí lanza un aviso claro. Permitir que esta norma se aplique mientras se decide su legalidad podría generar efectos difíciles de revertir: pagos consolidados, situaciones jurídicas complejas y una eventual necesidad de exigir devoluciones.
En otras palabras, el Tribunal detecta un riesgo real (perro viejo) de que la medida genere hechos consumados.
Y eso es precisamente lo preocupante. Porque cuando una reforma nace con potencial para consolidar privilegios antes de que pueda ser plenamente revisada, la sospecha es inevitable: ¿se estaba intentando ganar tiempo, blindar situaciones, o hacer pasar como política general lo que en realidad responde a intereses concretos?
La realidad sanitaria
Mientras tanto, la realidad de la sanidad canaria es bien distinta. Listas de espera, falta de personal, presión asistencial creciente. En ese contexto, la prioridad del Gobierno autonómico no parece haber sido reforzar el sistema en su base, sino mejorar las condiciones de su cúpula gestora, y eso tiene un coste político difícil de disimular.
Que quede claro que el problema no es cuánto cobran los gerentes sino el mensaje que se envía. Uno en el que hay margen para flexibilizar normas cuando se trata de atraer o retener a determinados perfiles, pero no necesariamente para mejorar las condiciones de quienes sostienen el sistema día a día.
