La Unión Europea ha incluído por unanimidad al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en su lista de organizaciones terroristas. La decisión, adoptada por los ministros de Exteriores en Bruselas, supone un giro radical en la diplomacia europea y alinea al bloque con las posturas de Estados Unidos, Canadá y Australia. Este movimiento ha sido posible gracias al cambio de posición de España y Francia, los dos países que hasta ahora encabezaban la resistencia por temor a romper los últimos puentes de diálogo con Teherán y poner en peligro a sus ciudadanos detenidos en suelo iraní.
La magnitud de la tragedia interna en Irán ha sido el detonante definitivo. Informaciones filtradas y datos de organizaciones de derechos humanos han revelado una represión sin precedentes contra las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre, con estimaciones que sitúan la cifra de fallecidos en miles de personas solo durante los primeros días de enero. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha justificado el voto a favor subrayando que no puede haber impunidad ante una violencia tan extrema contra la población civil, una postura compartida por París tras meses de titubeos.
La designación no es solo un gesto simbólico. Implica la congelación de todos los activos que la Guardia Revolucionaria —un ente que controla gran parte de la economía iraní— posea en territorio comunitario, la prohibición de viajar a la UE para sus miembros y la ilegalización de cualquier tipo de apoyo financiero o logístico desde suelo europeo. Además, sitúa a este brazo del ejército iraní al mismo nivel legal que grupos como el Dáesh o Al Qaeda, lo que en la práctica dinamita cualquier esperanza de retomar a corto plazo el acuerdo nuclear y marca el inicio de una etapa de contención y aislamiento internacional.
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha calificado la medida de error estratégico grave y ha advertido de consecuencias destructivas para Europa, especialmente en materia de seguridad energética.
