En Canarias, encontrar una vivienda se ha convertido en una de las decisiones más difíciles de la vida cotidiana. No por falta de ganas, ni siquiera por falta de recursos en muchos casos, sino porque el tablero de juego ha cambiado. Hoy, en muchas zonas del archipiélago, las maletas entran y salen con más facilidad que las llaves se quedan. El auge del alquiler vacacional ha reescrito las reglas del mercado inmobiliario y ha abierto un debate que ya no se puede esquivar.
El fenómeno no es nuevo, pero sí su magnitud. Canarias es un destino turístico privilegiado, con demanda constante, buena conectividad y una rentabilidad que seduce. Para muchos propietarios, convertir una vivienda en alojamiento turístico ha sido una decisión lógica desde el punto de vista económico. El problema surge cuando esa decisión individual se multiplica y empieza a afectar al conjunto del mercado.
El impacto más visible es la desaparición de vivienda destinada al alquiler residencial. Pisos que antes alojaban familias, trabajadores o jóvenes se han transformado en estancias de corta duración. El resultado es una oferta cada vez más escasa y unos precios que no dejan de subir. En algunas zonas de Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, alquilar se ha vuelto directamente inaccesible para quienes viven y trabajan en las islas.
Pero el problema va más allá del precio. El alquiler vacacional está transformando barrios enteros. Cambia la convivencia, diluye el sentimiento de comunidad y genera una rotación constante que altera la identidad de muchas zonas residenciales. Donde antes había vecinos, ahora hay huéspedes; donde había rutinas, ahora hay tránsito. Este cambio no es solo urbano, es social.
Las administraciones han reaccionado, aunque no siempre con la rapidez o claridad necesarias. Nuevas normativas, limitaciones por zonas, debates sobre moratorias y requisitos más estrictos generan un escenario de incertidumbre tanto para propietarios como para inversores. La pregunta ya no es si habrá regulación, sino cómo y hasta dónde llegará. Y mientras tanto, el mercado sigue tensionado.
Reducir este debate a una confrontación entre turismo y residentes sería un error. Canarias necesita el turismo, forma parte de su ADN económico. Pero también necesita vivienda para quienes sostienen ese mismo sector: camareros, sanitarios, docentes, personal de servicios, jóvenes profesionales y familias. Sin ellos, el modelo no se sostiene. Un territorio que expulsa a su población residente pierde equilibrio, talento y futuro.
El verdadero reto está en encontrar un punto de convivencia. Apostar por una planificación urbana realista, incentivar la vivienda destinada al alquiler de larga duración y fomentar la rehabilitación de inmuebles con ese fin es clave. También lo es diferenciar zonas, usos y tipologías, evitando soluciones generalistas para problemas complejos. No todo vale en cualquier lugar.
Para quienes compran o invierten, el contexto actual exige algo más que intuición. La rentabilidad inmediata puede resultar atractiva, pero las decisiones deben tomarse con visión a medio y largo plazo. La regulación cambia, la percepción social evoluciona y el mercado penaliza cada vez más las estrategias cortoplacistas. Hoy, entender el entorno es tan importante como analizar los números.
El sector inmobiliario tiene una responsabilidad clara: aportar criterio, transparencia y profesionalidad. Ayudar a propietarios, compradores e inversores a tomar decisiones informadas, alineadas con la legalidad y con la realidad del mercado. En un escenario tan sensible como el actual, el asesoramiento responsable marca la diferencia.
Canarias se encuentra ante una pregunta incómoda pero inevitable: ¿queremos islas donde solo se venga de paso o islas donde también se pueda vivir? La respuesta no se construye con titulares, sino con decisiones coherentes y visión de futuro.
Porque el verdadero lujo no es alquilar por días, sino poder llamar hogar a un lugar sin fecha de salida.
