El Ministerio de Hacienda ha presentado una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica vigente con el objetivo de entrar en vigor en 2027. Con muy poco consenso y unas regiones claramente más favorecidas que otras, se plantea una reconfiguración de las reglas que afectan directamente a la capacidad de Canarias para sostener sanidad, educación y políticas sociales.
El documento oficial estima que el nuevo modelo aportaría en 2027 unos 20.975 millones de euros más al conjunto de comunidades que si se mantuviera el esquema vigente. También fija como orden de magnitud 224.507 millones de recursos totales a distribuir en 2027, frente a 152.484 millones recibidos en el último año liquidado (2023).
En paralelo, propone elevar la capacidad tributaria autonómica, con la cesión del 55% del IRPF y del 56,5% del IVA, y sumar determinados tributos al perímetro del sistema.
La propuesta explicita un mecanismo de nivelación horizontal que pretende garantizar que todas las comunidades alcancen, como mínimo, el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, a partir de su capacidad tributaria.
Además, prevé una nivelación vertical con aportación estatal inicial de 19.000 millones de euros para recortar en dos tercios las distancias respecto al territorio con mayor financiación por habitante ajustado. A esto se suma una garantía de statu quo: al inicio, ninguna comunidad recibiría menos que con el modelo anterior.
611 millones para Canarias
En las comunicaciones públicas sobre el impacto territorial, se ha señalado que Canarias obtendría 611 millones de euros más al año que con el sistema actual.
También se subraya que la insularidad se incorpora como variable en la población ajustada (clave, porque la población ajustada determina necesidades de gasto) y que aparece un fondo climático del que Canarias recibiría financiación.
Para un territorio fragmentado y ultraperiférico, que presta servicios con sobrecostes logísticos y de escala, que la insularidad cuente explícitamente en el reparto es, en principio, una corrección coherente con su realidad.
El primer problema es metodológico, pues el impacto “611 millones” depende de parámetros finales y de cómo se cierren ponderaciones y transiciones. El segundo es político: la financiación autonómica suele acabar modulada por la negociación multilateral y por los equilibrios parlamentarios, lo que puede alterar objetivos técnicos.
Y el tercero es canario: el Estatuto protege la adicionalidad del REF, es decir, que sus recursos no deben computarse como sustituto de financiación ordinaria. Si el diseño final o la interpretación práctica erosionan esa adicionalidad, una parte del beneficio nominal podría diluirse.
Con los datos oficiales disponibles, la propuesta es, en términos netos, positiva para Canarias: más recursos estimados, reconocimiento explícito de la insularidad en la población ajustada y un incremento cuantificado de 611 millones anuales.
Pero el apoyo no puede ser acrítico. Dos salvaguardas deberían considerarse irrenunciables: primera, blindar en el texto final la adicionalidad del REF sin ambigüedades; segunda, exigir transparencia en las ponderaciones de población ajustada y en los mecanismos de transición, para que el aumento no sea coyuntural ni reversible por ajustes futuros.
Si esas dos condiciones se cumplen, el nuevo modelo puede mejorar la posición financiera de Canarias de forma estructural.
