El régimen iraní ha optado por el apagón digital absoluto en un intento desesperado por contener la ola de indignación popular que sacude el país. La organización NetBlocks ha confirmado un corte total de la red de internet en todo el territorio iraní, coincidiendo con la duodécima jornada de unas protestas que ya se han extendido a las 31 provincias de la nación y que suponen el mayor desafío al poder desde 2022.
El detonante de esta crisis, a diferencia de movimientos anteriores, tiene una raíz puramente económica: el colapso histórico del rial y una inflación galopante que superó el 42% en diciembre. Lo que comenzó el 28 de diciembre con una huelga de comerciantes en el Gran Bazar de Teherán ha derivado en una revuelta nacional donde los lemas ya apuntan directamente al corazón del sistema islámico. La respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido implacable; según la ONG Iran Human Rights (IHR), al menos 45 manifestantes, entre ellos ocho menores, han muerto desde el inicio del conflicto.
En un gesto que los analistas califican de contradictorio, el presidente Masud Pezeshkian ha emitido un comunicado oficial instando a la máxima moderación por parte de la policía y las milicias Basij. Pezeshkian ha hecho un llamamiento al diálogo y ha pedido escuchar las reivindicaciones legítimas del pueblo, asegurando que cualquier comportamiento coercitivo debe ser evitado. Sin embargo, estas palabras contrastan radicalmente con la realidad en las calles y con el bloqueo informativo impuesto, una táctica habitual del régimen para ocultar la magnitud de la represión y dificultar la coordinación de las marchas.
La jornada del pasado miércoles fue la más sangrienta hasta la fecha, con 13 fallecidos en enfrentamientos directos.
