Comprar una vivienda debería ser un momento ilusionante. Una decisión importante, sí, pero también un paso cargado de expectativas, planes y futuro. Sin embargo, en Canarias, ese proceso se transforma con demasiada frecuencia en una carrera de fondo donde la burocracia marca el ritmo, pone obstáculos y, en ocasiones, agota incluso al comprador más decidido. Este es uno de los grandes problemas silenciosos del mercado inmobiliario canario: la lentitud administrativa.
El mercado avanza, la demanda crece y el interés por vivir o invertir en las islas no deja de aumentar. Pero mientras el sector privado se adapta, innova y profesionaliza, una parte del engranaje sigue funcionando a velocidad de otra época. Licencias que tardan meses —o años—, trámites urbanísticos complejos, normativas que cambian según el municipio y procesos poco claros generan una sensación de incertidumbre que afecta a todos los actores del mercado.
Para el comprador, la burocracia se traduce en inseguridad. Operaciones que se retrasan, reservas que se enfrían y decisiones que se posponen por miedo a que algo se tuerza en el camino. Para el vendedor, supone perder oportunidades y ver cómo una operación viable se diluye entre papeles. Y para los promotores, la situación es aún más crítica: cada mes de retraso encarece los proyectos, reduce la rentabilidad y limita la capacidad de generar nueva vivienda, justo cuando más se necesita.
Este cuello de botella administrativo tiene consecuencias directas en el precio de la vivienda. Cuando construir o rehabilitar se vuelve lento y costoso, la oferta se reduce y los precios suben. No por especulación directa, sino por simple ley de mercado. Menos viviendas disponibles frente a una demanda creciente es la receta perfecta para tensionar los precios y dejar fuera a una parte importante de la población local.
La burocracia también frena la rehabilitación del parque inmobiliario, una de las grandes oportunidades de Canarias. Muchos propietarios desisten de mejorar sus viviendas al enfrentarse a trámites interminables, informes contradictorios o plazos imprevisibles. El resultado es un parque envejecido que pierde valor y eficiencia, cuando podría convertirse en una solución parcial al problema de la vivienda si los procesos fueran más ágiles y claros.
No se trata de eliminar controles ni de relajar las normativas urbanísticas. La planificación es necesaria y protege el territorio, especialmente en un archipiélago con recursos limitados. El problema no es el control, sino la lentitud, la falta de coordinación y la ausencia de plazos claros. Modernizar la administración, digitalizar procesos y unificar criterios no es una opción: es una necesidad urgente para que el mercado funcione de manera saludable.
En este escenario, el papel de los profesionales inmobiliarios es clave. Son ellos quienes interpretan normativas, anticipan problemas y acompañan a clientes a lo largo de procesos que, sin asesoramiento, resultarían inasumibles. Su experiencia no solo ahorra tiempo y dinero, sino también frustración. En un mercado complejo, la información y la previsión se convierten en activos de enorme valor.
Mirando hacia los próximos años, Canarias se enfrenta a una decisión estratégica: permitir que la burocracia siga siendo un freno invisible o convertirla en una aliada del desarrollo ordenado. Agilizar los trámites no significa construir sin control, sino construir mejor, más rápido y con mayor seguridad jurídica.
Porque cuando comprar una vivienda se convierte en una carrera de fondo, el problema no es el esfuerzo del comprador, sino los obstáculos innecesarios en el camino. Y si el mercado quiere seguir avanzando, alguien tendrá que empezar a quitar piedras de la ruta.
