El año ha estado marcado por la consolidación de los récords de llegada de turistas y gasto, las protestas ciudadanas por la masificación y, en el plano normativo, por la aprobación en Canarias de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, la nueva regulación de la vivienda vacacional que condicionará el modelo en los próximos años.
Los aeropuertos de Tenerife han mantenido un elevado ritmo de operaciones y asientos programados, con una fuerte presencia de los principales mercados emisores europeos y un papel creciente del turismo peninsular. Las pernoctaciones han seguido en niveles muy altos, pero el reparto del negocio turístico se ha seguido desplazando hacia el alojamiento en viviendas de uso turístico.
Ese crecimiento ha tenido efectos positivos sobre la diversificación de la oferta y la economía local (pequeño comercio, restauración de barrio, servicios de proximidad), pero también impactos muy visibles sobre los precios del alquiler de larga duración, la disponibilidad de vivienda para residentes y el enfado del sector hotelero.
Récord de visitantes y de ingresos
Los últimos datos cerrados disponibles sitúan 2024 como el mejor año turístico de la historia de Tenerife, con unos 7,2 millones de turistas y un gasto turístico cercano a los 9.000 millones de euros solo en la isla, según el Cabildo y los análisis económicos insulares.
En 2025 la tendencia se ha mantenido al alza. Para el conjunto de Canarias, las estadísticas oficiales de movimientos turísticos (Frontur/INE) indican que, solo entre enero y septiembre, llegaron más de 11,6 millones de turistas internacionales, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior, encadenando nuevos máximos de visitantes y gasto en el archipiélago. Tenerife concentra una parte muy significativa de ese flujo, tanto por su capacidad alojativa como por su conectividad aérea.
Sin embargo, los buenos datos en este ámbito afean más si cabe que la comunidad siga presentando tasas de paro y de riesgo de pobreza entre las más altas de España.
Esto es así porque una parte relevante (en constante progresión) del gasto turístico se fuga fuera del Archipiélago a través de grandes operadores y cadenas, lo que alimenta el debate sobre cómo aumentar el retorno local de una actividad que, en términos macroeconómicos, nunca ha ido tan bien.
Vivienda vacacional
Buena parte del foco en 2025 se ha puesto en la vivienda de uso turístico. En Tenerife la presión del alquiler vacacional se concentra especialmente en los municipios turísticos del sur y en algunos barrios del área metropolitana, donde conviven hoteles, apartamentos turísticos de larga trayectoria y pisos residenciales que han pasado a destinarse a uso vacacional.
Aunque no existen cifras oficiales únicas sobre su impacto concreto, queda meridianamente claro que el auge de esta modalidad ha contribuido a encarecer la vivienda y a desplazar a parte de la población local hacia áreas más periféricas.
En este contexto, el Parlamento de Canarias aprobó en 2025 la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una norma pionera en España por el grado de detalle con el que regula la vivienda vacacional.
La ley parte de una idea central: no prohíbe de forma general la actividad, pero la somete a una fuerte planificación territorial y deja en manos de cabildos y ayuntamientos la definición de dónde y en qué condiciones puede ejercerse.
Entre sus elementos más relevantes, la ley obliga a los municipios a elaborar planes específicos que delimiten las zonas aptas para vivienda vacacional y los porcentajes máximos respecto al parque de viviendas, e impide dedicar edificios completos de uso residencial exclusivamente a explotación turística, salvo en ámbitos claramente turísticos ya consolidados.
Además, para lamento de ASCAV, la asociación del alquiler vacacional en las Islas, refuerza los requisitos urbanísticos, de accesibilidad y de convivencia para obtener y mantener la autorización, y establece moratorias y regímenes transitorios mientras se aprueban los planes municipales, lo que previsiblemente frenará la concesión de nuevas licencias en muchas zonas.
Qué puede suponer para Tenerife
A corto plazo, el impacto más visible en Tenerife será un frenazo en la expansión de nuevas viviendas turísticas en los municipios que aún no tengan sus planes aprobados.
En zonas ya muy saturadas del sur, la combinación de límites cuantitativos y de zonificación podría impedir que parte del parque residencial siga convirtiéndose en alojamiento vacacional, obligando a reorientar una parte de la oferta hacia otras áreas o hacia el alquiler de larga duración.
Para los ayuntamientos, la ley supone tanto una oportunidad al disponer de una herramienta jurídica sólida para ordenar el fenómeno, pero tendrán que traducirla en cartografía, porcentajes y normas concretas, asumiendo el coste político de decir dónde sí y dónde no se puede seguir creciendo.
El sector turístico “tradicional” está encantado, y ve en la nueva norma una forma de reducir competencia desregulada y de reforzar la idea de un modelo más planificado.
Las asociaciones de propietarios han advertido de que la ley puede generar inseguridad jurídica y ya se preparan recursos y posibles impugnaciones.
Proyectos que asoman
Mientras se redefine el marco normativo, la agenda de nuevos proyectos turísticos apunta a que la discusión sobre el modelo de isla seguirá muy viva en 2026.
En el sur, planes como el desarrollo turístico y de golf de Hoya Grande, en Adeje, con nuevos hoteles y oferta complementaria, siguen avanzando en la tramitación urbanística y generan debate sobre el consumo de suelo, el empleo asociado y la capacidad de carga de la costa.
En paralelo, proyectos de infraestructura clave ligados al turismo, como la remodelación del muelle de enlace del Puerto de Santa Cruz de Tenerife —con una inversión prevista de unos 80 millones de euros para crear una nueva estación de cruceros y ferris, zonas comerciales y espacios públicos sobre el mar—, se preparan para iniciar fases decisivas a partir de 2026.
Estas actuaciones confirman que la isla sigue apostando por reforzar su posición en segmentos de alto valor añadido como los cruceros, los congresos o el turismo urbano.
