En lo que supone la escalada más grave de la era Trump contra el marco regulatorio de la Unión Europea, el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto esta semana restricciones de visado y el veto de entrada al país a cinco ciudadanos europeos. Entre ellos figura el «arquitecto» de la Ley de Servicios Digitales (DSA), el excomisario francés Thierry Breton, a quien la Casa Blanca señala como el «cerebro» detrás de una campaña sistemática para coartar la libertad de expresión en plataformas tecnológicas estadounidenses.
La medida, comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, no solo afecta a Breton, sino también a responsables de organizaciones contra la desinformación como Imran Ahmed (CCDH), Clare Melford (GDI) y las directivas de la ONG alemana HateAid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon.
Para la Administración Trump, estos individuos han liderado esfuerzos coordinados para «coaccionar, desmonetizar y suprimir» puntos de vista estadounidenses en redes sociales, interfiriendo en la soberanía de sus empresas. Según el comunicado oficial de Washington, estas acciones tienen «consecuencias adversas para la política exterior de EE. UU.», equiparando la aplicación de las leyes europeas con una forma de autoritarismo digital.
La respuesta desde este lado del Atlántico ha sido unánime y de extrema dureza. El propio Thierry Breton ha reaccionado comparando la medida con el macartismo de los años 50: «¿Ha vuelto la caza de brujas?», se preguntaba en sus redes sociales, recordando que la DSA fue aprobada por los 27 países miembros y el Parlamento Europeo de forma democrática.
El conflicto ha puesto en pie de guerra a las cancillerías europeas. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado las sanciones de «actos de intimidación y coerción» destinados a socavar la soberanía digital del continente.
Desde Bruselas, la Comisión Europea ya ha advertido de que responderá de forma «rápida y decisiva» si Washington no rectifica. Lo que para la Casa Blanca es una defensa de la Primera Enmienda, para la UE es la defensa de un mercado libre de contenidos ilegales, incitación al odio y desinformación.
