Tras dos meses y medio de negociaciones fallidas sobre los presupuestos del Estado para 2026, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado este martes 23 de diciembre una ley presupuestaria especial para asegurar la continuidad de la actividad del Estado ante la ausencia de un presupuesto completo para el próximo año. La votación se saldó con 496 votos a favor y ninguno en contra, un respaldo unánime pocas veces visto en el actual hemiciclo.
La medida, impulsada por el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, responde a la incapacidad de los parlamentarios para consensuar un texto definitivo tras el fracaso de las negociaciones y los impasses registrados entre diferentes grupos políticos. La ley especial —que deberá ahora ser validada por el Senado antes de entrar en vigor— autoriza provisionalmente al Estado a recaudar impuestos, transferir fondos a autoridades locales y gestionar la deuda pública en ausencia de un presupuesto aprobado para 2026.
En la práctica, esta norma transitoria funciona como una prórroga parcial del presupuesto de 2025, permitiendo que las principales funciones del Estado —desde el pago de salarios a funcionarios hasta la financiación de servicios esenciales— continúen sin interrupción hasta que pueda pactarse un texto completo en enero. El Gobierno estima que su aplicación tendrá un coste mínimo de unos 12.000 millones de euros, cifra que podría aumentar si la prórroga se prolonga más allá de las primeras semanas de 2026.
El presidente Emmanuel Macron y el propio primer ministro Lecornu han defendido la legitimidad de esta solución, aunque han reconocido que se trata de un parche temporal. Lecornu ha instado a los distintos grupos parlamentarios a retomar las negociaciones en enero con el objetivo de aprobar un presupuesto estructural que dé respuesta a las prioridades del país, como la reducción del déficit al 5 % del PIB y la financiación de proyectos a medio y largo plazo.
La aprobación de esta ley refleja la fragmentación política que vive el Parlamento francés, resultado de las elecciones anticipadas de 2024 que dejaron una mayoría muy dividida, lo que ha dificultado la adopción de cuentas públicas completas tanto para 2025 como ahora para 2026. Si bien la solución adoptada evita una paralización de la administración —al estilo de la conocida como “shutdown” estadounidense— no resuelve las tensiones subyacentes que han bloqueado las negociaciones.
Con la entrada en vigor de la ley especial en los próximos días, y una vez que el Senado confirme su aprobación, el desafío para el Ejecutivo será lograr un acuerdo presupuestario antes de finales de enero, durante el periodo festivo, para evitar que la economía y las finanzas públicas francesas sigan bajo la incertidumbre y garantizar así el funcionamiento ordinario del Estado en 2026
