Seis meses después del histórico apretón de manos político, la Unión Europea y el Reino Unido han logrado este miércoles poner el punto final a la redacción de los textos legales que regirán el futuro de Gibraltar. Este avance técnico supone el cierre definitivo del trabajo negociador iniciado hace casi cuatro años y permite, por primera vez, vislumbrar el fin de la incertidumbre jurídica que ha rodeado al Peñón desde el divorcio del Brexit.
El acuerdo alcanzado entre Bruselas, Londres, Madrid y el Gobierno de Fabian Picardo no implica, sin embargo, su entrada en vigor inmediata. Aunque el objetivo inicial era que el nuevo marco comenzara a aplicarse en los primeros días de 2026, el calendario sufre un ligero ajuste debido a la complejidad de los trámites institucionales que restan por cumplir. El documento debe someterse ahora a una revisión jurídica minuciosa, ser traducido a las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión y, finalmente, recibir el aval tanto del Consejo como del Parlamento Europeo.
En la práctica, lo que se ha sellado hoy es el andamiaje legal que permitirá la desaparición física de la Verja, un hito que transformará la fisonomía del Campo de Gibraltar. El tratado busca integrar al Peñón en el espacio Schengen para la libre circulación de personas y mercancías, bajo el paraguas de un control fronterizo en el que la agencia Frontex desempeñará un papel crucial durante un periodo transitorio de cuatro años. Además, el texto aborda cuestiones espinosas como la equiparación del precio del tabaco, la gestión del aeropuerto y la cooperación en seguridad y fiscalidad.
Pese a que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, había expresado semanas atrás su deseo de firmar antes del cierre de 2025, el rigor de los procedimientos burocráticos europeos ha desplazado el horizonte de ratificación hacia los primeros compases del próximo año. Fuentes diplomáticas subrayan que este es un paso «decisivo pero no el definitivo», marcando una hoja de ruta irreversible hacia lo que todas las partes han denominado como una zona de «prosperidad compartida». Con la redacción técnica concluida, el balón está ahora en el tejado de los parlamentos, que deberán ratificar una de las negociaciones más complejas del escenario internacional contemporáneo.
