Después de cuatro décadas de vida, el 1 de enero de 2026 el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) dejará de existir como organismo autónomo y pasará a integrarse en la estructura directa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como un área o concejalía más de gobierno.
El cambio, ya aprobado por el Pleno y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, solo necesita culminar los trámites técnicos y contables internos.
De esta forma cambiará la forma de gestión de los servicios sociales municipales, que son la puerta de entrada para miles de vecinos con problemas de vivienda, pobreza, soledad, discapacidad o sinhogarismo.
Pero, ¿realmente ganan algo los ciudadanos con este movimiento o es solo una reordenación interna?
Qué era el IMAS y por qué se consideraba “anómalo”
El IMAS nació como un ente propio del Ayuntamiento, con personalidad jurídica y presupuesto separados, pero dedicado a gestionar una parte esencial de las políticas sociales de Santa Cruz.
En la práctica, sin embargo, esa autonomía estaba muy diluida. Según la propia documentación del expediente que justifica el cambio, el 98% de la plantilla que trabaja en los servicios sociales de base no era personal propio del IMAS, sino empleados municipales adscritos al Ayuntamiento.
El organismo solo tiene un trabajador en plantilla directamente vinculada a él, y el resto de recursos humanos estaban presupuestados y organizados desde la administración matriz. Esa separación –un ente con presupuesto propio pero casi sin personal propio– fue calificada por la Intervención municipal como una situación “singular” y generadora de disfunciones.
Además, la Intervención advertía de que la liquidación anual del presupuesto del IMAS no reflejaba todos los gastos reales de personal asociados a la atención social, porque una parte importante se contabilizaba en el presupuesto general del Ayuntamiento.
Esa doble contabilidad –personal en un sitio, organismo en otro– complicaba el seguimiento de los objetivos de gasto social y añadía capas de tramitación.
A esto se suma el contexto legal. Tanto la legislación básica de régimen local como las normas de estabilidad presupuestaria empujan desde hace años a “racionalizar” el sector público local, evitando entes instrumentales innecesarios o con funciones superpuestas.
En ese marco, la propia Presidencia del IMAS admitió por escrito que mantenerlo como organismo autónomo “carece de justificación sustantiva” si se observa cómo funciona realmente.
Qué va a cambiar a partir de enero
En lo formal, el Ayuntamiento “sucede universalmente” al organismo, asumiendo todos sus derechos, obligaciones, contratos, convenios, bienes y deudas. Los bienes adscritos revierten al patrimonio municipal, las cuentas bancarias del IMAS se cierran y sus saldos se trasladan a las del Ayuntamiento. Y claro, su único trabajador propio pasa a integrarse en la plantilla municipal.
En lo organizativo, pasará a estructurarse como un área de gobierno más, bajo la Concejalía de Políticas Sociales. Eso significa que presupuestos, personal, contratos y programas se tramitarán directamente desde las unidades administrativas del Ayuntamiento, sin esa doble capa entre la matriz y el IMAS.
Sobre el papel, nada de esto debería suponer recortes de servicios y la memoria justificativa insiste en que el modelo de gestión sigue siendo directo.
Se supone que no se privatizarán los servicios (eso habrá que verlo de aquí a muy poco tiempo), y solo cambiaría la forma jurídica interna para agilizar procedimientos, eliminar duplicidades, simplificar circuitos y mejorar la coordinación con otras áreas municipales.
La dimensión real
Para entender la importancia de esta reorganización basta mirar el volumen de recursos que gestiona el área social.
Solo un contrato como el Servicio Integral de Atención a las Personas Sin Hogar supone una inversión superior a 13,5 millones de euros en cinco años, con 2,55 millones ya previstos para 2025 y cantidades crecientes hasta 2029.
Solo ese ejemplo permite ver que el IMAS es uno de los grandes bloques de gasto y de responsabilidad política del municipio, que además afecta a población especialmente vulnerable.
Según la memoria interna, uno de los problemas detectados en el Plan Estratégico 2025-2028 del IMAS fueron los cuellos de botella vinculados a esa separación entre organismo y Ayuntamiento, con informes que tenían que saltar de un lado a otro, expedientes que recorrían dos circuitos y las consecuentes dificultades para reorientar recursos con rapidez ante situaciones de emergencia social.
Ventajas y riesgos
La integración tiene, sobre el papel, varias ventajas:
- Claridad en la cadena de mando: una sola área política y técnica responsable, sin fronteras difusas entre “organismo autónomo” y “casa madre”.
- Menos burocracia interna: al reducir escalones administrativos, los expedientes pueden ser más ágiles.
- Mayor coherencia presupuestaria: todo el gasto social –personal y programas– bajo un mismotecho contable facilita la planificación y la rendición de cuentas.
- Mejor coordinación con otras políticas clave, como vivienda, empleo o urbanismo, indispensables para abordar problemas complejos como la exclusión residencial o la pobreza crónica.
Sin embargo, cualquier reestructuración también conlleva riesgos si no se gestiona con cuidado. Entre ellos, que el proceso técnico de disolución y traspaso de contratos genere retrasos puntuales, que se pierda parte de la cultura organizativa específica que había en el IMAS o que, en un aparato municipal grande, la prioridad social se diluya si no existe una dirección política muy clara.
Por eso, el reto será garantizar que el cambio se traduzca en menos esperas, más seguimiento, trámites más sencillos y una respuesta más rápida cuando la situación es urgente.
Pronto sabremos si el cambio de modelo habrá sido un simple ajuste administrativo o una oportunidad real para poner los servicios sociales un poco más cerca de quienes más los necesitan en la capital.
