Canarias quiere jugar en otra liga en la política exterior de la Unión Europea, como una pieza clave en la relación con África Occidental aprovechando la estrategia Global Gateway de la UE para que las regiones ultraperiféricas, y muy en particular el Archipiélago, se conviertan en verdaderas plataformas geopolíticas y económicas hacia su entorno africano más cercano.
Para ello, Canarias ha presentado enmiendas al dictamen “La localización de la estrategia Global Gateway de la UE” a través del grupo Renew en el Comité Europeo de las Regiones, que han sido finalmente aprobadas.
Global Gateway es la gran apuesta de la UE para competir, en términos de infraestructuras e influencia, con iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda china.
La idea es financiar conexiones “inteligentes, limpias y seguras” en sectores como la energía, el transporte, lo digital, la salud, la educación o la investigación, siempre con estándares ambientales y sociales altos y alineados con la Agenda 2030 de la ONU.
Qué dice Canarias
El Archipiélago plantea que si la UE quiere tener presencia real en regiones prioritarias como África Occidental o el Sahel, le conviene apoyarse en sus propios territorios adelantados, como las RUP, pasando de una visión puramente continental a una proyección “mundial”, apoyada en territorios europeos fuera de Europa: Guayana Francesa frente a la Amazonia, Azores en el Atlántico Norte, y Canarias frente a la fachada atlántica africana.
El texto impulsado por el Gobierno autonómico subraya que estas regiones pueden ser puentes naturales para la cooperación, el comercio, la estabilización democrática y la prestación de servicios básicos en entornos frágiles, donde los Estados tienen menos capacidad financiera y administrativa.
En el caso de Canarias, esto se traduce en una posición privilegiada para proyectos energéticos, logísticos, de conectividad digital o de formación con países vecinos como Senegal, Mauritania o Marruecos.
No se trata solo de geoestrategia, también de quién se sienta en la mesa cuando la UE diseñe y ejecute esos grandes proyectos. Canarias quiere que las RUP no sean un apéndice, sino coprotagonistas de esa agenda.
Visto el éxito con el Gobierno de España respecto a Marruecos, mejor no esperar mucho.
La otra batalla
En paralelo a este debate, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, llevó a Bruselas otro mensaje mucho más pegado al día a día de los canarios: la urgencia de una política de vivienda que reconozca la realidad singular de las regiones ultraperiféricas y, en particular, de las islas europeas sometidas a una fuerte presión turística.
La receta que ha defendido es la de estudiar la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros en los territorios más tensionados. No como medida aislada, sino como parte de una caja de herramientas que incluya regulación del alquiler vacacional, fiscalidad diferenciada y más vivienda asequible.
Algo que no se sostiene, pero que Canarias sigue planteando como brindis al sol.
Es verdad que los datos ayudan a entender por qué Canarias está intentando abrir este melón a escala europea. El Banco de España lleva tiempo advirtiendo del peso del turismo residencial y de los compradores no residentes en la escalada de precios en zonas como el Archipiélago.
En áreas muy turísticas, se estima que hasta la mitad del parque que podría ser vivienda habitual está destinado a usos vacacionales o en manos de no residentes, dificultando enormemente el acceso a la vivienda para la población local.
A esto se suma un desplome histórico de la vivienda protegida. Canarias ha pasado de construir unas 2.300 viviendas protegidas al año en los años 80 a apenas unas decenas anuales, mientras hay más de 27.000 solicitantes registrados y los precios han subido en torno a un 40% desde 2014.
En paralelo, las islas tienen un porcentaje muy bajo de vivienda social (en torno al 2–3%, frente al 10% recomendado por la UE) y más de 200.000 viviendas vacías que no terminan de ponerse en el mercado.
En este contexto, la presión del alquiler vacacional ha obligado al Gobierno de Canarias a tramitar una ley específica, sobre la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha advertido por el posible exceso de restricciones, en un debate que enfrenta el derecho a la vivienda con el modelo turístico, la inversión y la libertad de empresa.
Lo que plantea Canarias es que la UE abra la puerta, en circunstancias excepcionales, a medidas que hoy chocan con el principio de libre circulación de capitales, pero que podrían justificarse para salvaguardar la cohesión social y el derecho a la vivienda en territorios extremadamente frágiles por su insularidad y escasez de suelo.
La discusión apenas empieza, y no será sencilla. Pero el movimiento canario tiene una lógica: si la UE ya reconoce que las RUP requieren un trato diferencial en materia fiscal o de transporte, también debería poder hacerlo en un ámbito tan crítico para su futuro como la vivienda. Y si además la Unión quiere que Canarias sea su gran plataforma hacia África, difícilmente podrá ignorar que esa “puerta de Europa” necesita seguir siendo habitable para quienes viven detrás de ella.
