La idea planteada por el comisionado del REF suena potente: aplicar una deducción gradual en el IRPF para trabajadores y autónomos residentes en Canarias, con rebajas de entre el 20% y el 60% según nivel de renta.
El comisionado José Ramón Barrera cifra su coste en unos 300 millones de euros anuales y defiende que no es “una quimera inalcanzable” pero la pregunta es inevitable: ¿se puede hacer sin perjudicar a la ciudadanía?
En términos puramente recaudatorios, no. El IRPF generado por residentes canarios suma varios miles de millones cada año. Renunciar a 300 millones supone un esfuerzo importante, pero no desproporcionado si se plantea como parte de la arquitectura del REF y se compensa adecuadamente.
Además, la propuesta no habla de una rebaja lineal, sino de deducciones graduales según renta: no se trataría de regalar un porcentaje igual a todo el mundo, sino de modular quién se beneficia más, y hasta qué límites.
En ese sentido, desde el punto de vista técnico y fiscal, la medida es viable sobre el papel. El problema no es tanto la cifra, sino quién la asume y de dónde sale el dinero.
La clave: quién paga la fiesta
Que no haya perjuicio para los canarios depende casi por completo de cómo se financien esos 300 millones.
Un escenario razonable sería que el coste lo asumiera básicamente el Estado, dentro de la lógica del REF como compensación por la ultraperiferia, los sobrecostes estructurales y la baja renta media.
Es decir, que no se recorten transferencias a Canarias ni se obligue a la comunidad autónoma a recortar servicios o subir otros impuestos.
En ese caso, el efecto sería claro, más dinero en el bolsillo de trabajadores y autónomos sin deterioro directo de sanidad, educación, dependencia o vivienda.
Pero existe otro escenario menos amable: que esos 300 millones se compensen con recortes en servicios públicos, con subidas del IGIC u otros tributos, o con menos recursos para políticas sociales.
Entonces, lo que se vende como alivio fiscal puede convertirse en un juego de manos: «Te bajo un poco la factura de la renta, pero te lo cobro en la ventanilla del hospital, en la lista de espera, en el aula masificada o en el ticket del supermercado”.
En ese caso, los mayores perjudicados serían precisamente quienes menos IRPF pagan —rentas bajas, parados, muchos pensionistas— y quienes dependen más de los servicios públicos.
¿Puede tener efectos positivos reales?
Si se diseña bien, la medida podría tener efectos interesantes como aumentar la renta disponible de los hogares y estimular el consumo interno; mejorar la percepción ciudadana del REF, que hoy muchos ven como algo “de empresas grandes” y no como un instrumento que llega a su nómina; y dar cierto alivio a trabajadores con salarios modestos en un contexto donde el 80% de los trabajadores canarios gana menos de 30.000 euros brutos al año.
Respecto al “efecto llamada”, Barrera sostiene que sería prácticamente nulo. El mercado laboral limitado, los salarios más bajos y el coste de la vida seguirían actuando como freno a una migración masiva motivada solo por el IRPF.
Los riesgos políticos y sociales
Varios grupos parlamentarios han puesto el acento en los riesgos:
- Que la medida se use como bandera electoral, sin un diseño técnico sólido ni un gran consenso político.
- Que termine desplazando la filosofía del REF, pasando de ser un mecanismo de cohesión e inversión a percibirse como una simple herramienta para “pagar menos impuestos”.
- Que se rompa el delicado consenso en torno al REF si se percibe que erosiona la financiación de servicios básicos.
También planea una sospecha: que el discurso de “que el REF llegue a todos” oculte, en la práctica, un giro hacia una menor carga fiscal general sin un debate profundo sobre sus consecuencias en un territorio con altas tasas de pobreza y precariedad.
¿Es posible sin perjudicar a los canarios?
Sí, es posible, pero solo bajo condiciones muy claras, que se apruebe con consenso político amplio y estabilidad, no como ocurrencia coyuntural, y que se blinde por escrito que no se financiará con recortes sociales ni con fuertes subidas de impuestos indirectos.
Si estas condiciones se respetan, la medida podría acercar el REF a la vida cotidiana de la gente y aliviar la presión sobre los salarios más modestos. Si no, corremos el riesgo de sumar otro capítulo al “espejismo de prosperidad” en el que en la actualidad nos encontramos.
