La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado el cierre de su oficina en Caracas debido a lo que ha calificado como una ausencia de cooperación del régimen del Nicolás Maduro. El fiscal adjunto del tribunal internacional, Mame Mandiaye Niang, declaró durante la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte en La Haya que, tras evaluar los resultados obtenidos desde la apertura de la oficina en 2024, la CPI considera insostenible mantener su presencia en territorio venezolano.
Pese al cierre físico, la CPI ha subrayado que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014 —que motivaron la apertura del expediente conocido como “Venezuela I” — sigue activa. Un equipo de fiscales desde La Haya continuará analizando pruebas, declaraciones y denuncias, con la esperanza de avanzar en causas que implican graves violaciones de derechos humanos.
El principio de “complementariedad” —es decir, el requisito de que el Estado investigue primero sus propios crímenes antes de que la CPI actúe— ha sido determinante en esta decisión. La oficina de Caracas fue concebida como un puente técnico con las autoridades venezolanas para impulsar esas pesquisas, pero, según Niang, nunca se lograron avances concretos: “El progreso real sigue siendo un reto”.
El Gobierno chavista ha cuestionado la decisión, acusando a la CPI de “desentenderse” y de abandonar a las víctimas. En un comunicado, representantes oficialistas denunciaron que el cierre refleja una “falta de compromiso” del tribunal internacional, al que responsabilizan de politizar la justicia.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela han lamentado el cierre de la oficina, interpretándolo como una confirmación de la persistente impunidad. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) afirmó que la medida pone en evidencia “la falta de voluntad del Estado venezolano para asumir sus responsabilidades” y advierte que muchos de los casos de torture, desapariciones y detenciones arbitrarias podrían quedar sin esclarecer.
Esto representa un duro revés para las víctimas y la comunidad internacional, pero no significa la clausura del caso. La CPI reafirma su compromiso con la justicia internacional y deja claro que la investigación continúa, aunque desde más lejos.
