La decisión de la Comisión Europea de eliminar, a partir de 2026, la exención de derechos de aduana para las compras online de menos de 150 euros abre un nuevo debate en Canarias tras el posicionamiento de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife a favor de que se aplique la medida en el Archipiélago.
Bruselas dice que el sistema actual favorece la competencia desleal y el fraude en el comercio electrónico mientras las islas siguen manteniendo una franquicia similar para las importaciones de bajo valor ligadas al IGIC.
La vicepresidenta de la Cámara, Victoria González, asegura que el modelo actual convierte al Archipiélago en un “coladero” de paquetes baratos sin control fiscal, mientras el comercio local paga impuestos, genera empleo y soporta costes muy superiores.
Para las empresas que venden desde aquí, competir con un producto que entra sin apenas carga fiscal ni burocracia es, muchas veces, una batalla perdida.
Cómo funciona la exención
La franquicia de 150 euros nació con la intención de facilitar las compras online y simplificar el papeleo a consumidores y Administración. En la práctica, ha permitido que miles de pequeños paquetes de plataformas como Amazon, AliExpress o Shein lleguen a Canarias con una carga fiscal mucho menor de la que soporta una tienda local cuando importa mercancía para revenderla.
El problema no es solo que el comercio canario venda menos, sino que lo hace en clara desventaja: alquileres más caros, plantillas en nómina, almacenes, transporte interno entre islas, trámites aduaneros y una fiscalidad más visible. Frente a eso, un paquete de bajo valor que viene del exterior puede saltarse buena parte de la carga tributaria efectiva gracias a la franquicia. Esa es la “competencia desleal” que denuncia el sector.
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La decisión de Bruselas va en una dirección clara: reducir el espacio para el fraude, hacer que los grandes operadores online contribuyan de forma más justa y nivelar el campo de juego con el comercio físico y el comercio electrónico nacional. Si Europa reconoce que el modelo de exención es un problema, mantener en Canarias una franquicia similar a partir de 2026 sería una anomalía difícil de justificar.
La Cámara recuerda, además, que ya en 2022 el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una iniciativa para revisar esta exención y proteger al comercio local. Desde entonces, el mensaje político ha sido casi siempre el mismo, hay que corregir la medida.
Pero, en la práctica, no se ha tocado nada. Por eso, el anuncio europeo se interpreta como una oportunidad para que el Gobierno autonómico deje de aplazar el debate.
Los argumentos a favor de mantener la franquicia
También hay voces que piden cautela. Para muchos consumidores, la franquicia de 150 euros ha supuesto acceso a productos más baratos y a una oferta que, a veces, no existe en el comercio local. Quitarla de golpe podría encarecer pedidos pequeños y generar rechazo social, sobre todo en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y cesta de la compra disparada.
Además, la realidad de Canarias es particular: un territorio fragmentado, con un coste de la vida alto y salarios generalmente más bajos que en la Península. Muchos hogares han hecho del comercio electrónico una vía de ahorro. Romper ese equilibrio sin medidas compensatorias podría ser impopular.
Otra duda razonable es si el sistema estará preparado para gestionar el incremento de declaraciones y controles si se elimina la franquicia. Más trámites mal diseñados pueden traducirse en retrasos, saturación aduanera y frustración tanto para empresas como para consumidores.
El debate, en el fondo, es qué modelo económico quiere el Archipiélago en plena era del comercio digital.
Si se mantiene la franquicia tal y como está, se protege a corto plazo el bolsillo del consumidor, pero se sigue erosionando la base del comercio local, que es quien paga nóminas aquí y sostiene muchas calles comerciales vivas.
Si se elimina sin matices, se corrige parte de la competencia desleal, pero se corre el riesgo de castigar a las familias que dependen del comercio online para abaratar gastos, y se obliga a la administración a ponerse al día a marchas forzadas.
