Más allá de los grandes discursos sobre comercio local y fiscalidad, la pregunta que muchos se hacen es sencilla: ¿qué va a pasar con mis pedidos de 30, 40 o 80 euros a plataformas como Shein, Amazon o AliExpress si Canarias elimina la exención de 150 euros?
A día de hoy, muchas de esas compras llegan sin apenas coste añadido más allá del precio que ves en la pantalla. La franquicia hace que, por debajo de cierto importe, la carga fiscal efectiva sea muy limitada e incluso inexistente en la práctica. Pero si desaparece, el esquema cambia.
Un pedido de 40 euros, paso a paso
Imaginemos una compra de 40 euros en una plataforma extracomunitaria que envía a Canarias: ropa, accesorios o pequeños gadgets.
Si se mantiene la franquicia, lo habitual es que el paquete entre sin impuestos significativos o con un coste muy reducido, y con trámites simplificados. El consumidor rara vez ve una diferencia sustancial entre el “precio web” y el coste final.
Si se elimina la exención, ese mismo paquete podría pasar a tributar desde el primer euro. Eso significa:
– Se aplicaría el tipo de IGIC correspondiente. – La plataforma o el operador logístico tendría que declarar la operación correctamente. – En algunos casos, podría añadirse una pequeña tasa de gestión aduanera por el trámite.
El resultado: el pedido de 40 euros podría salir algo más caro y, en función de cómo se organice el sistema, tardar más en llegar si se acumulan controles y gestiones.
Ventajas para el consumidor… que no son tan visibles
Aunque suene contradictorio, el cambio también tiene posibles efectos positivos para el comprador. Si las grandes plataformas están obligadas a declarar y repercutir impuestos de forma sistemática, desaparece parte de la opacidad actual: el precio final será más claro desde el momento de la compra, y debería incluir ya la carga fiscal y los costes de tramitación.
Además, un escenario con reglas más estrictas puede empujar a estas empresas a establecer estructuras más estables y transparentes para vender en Canarias, en lugar de tratar al archipiélago como un “aparte” con lógica de excepción permanente.
A la larga, si el comercio local gana algo de terreno gracias a una competencia más justa, el consumidor podría tener más oferta cercana, mejores servicios posventa y menos dependencia de pedidos que vienen de miles de kilómetros.
Los inconvenientes inmediatos
En el corto plazo, sin embargo, el impacto se notará sobre todo en el bolsillo y en la paciencia.
Los pedidos pequeños dejarán de tener esa sensación de “precio redondo” y podrán encarecerse. Si el sistema no se digitaliza y automatiza de forma eficiente, también existe el riesgo de más retrasos, avisos de aduana y trámites que hoy muchos clientes ni ven.
En resumen, menos franquicia significa menos regalo fiscal a las plataformas que venden desde fuera, pero también menos “chollos” para el consumidor. El equilibrio entre proteger el bolsillo de las familias y no dejar morir el comercio de barrio será, una vez más, la clave del debate.
