Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo.
La Sala Segunda ha decidido, por mayoría de sus siete magistrados (5 a 2 con voto particular -y pregunta: ¿quién lo filtra en tamaño día? ¿De verdad la derecha? ¿Estamos locos?-) que Álvaro García Ortiz es autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal, en el marco de la causa especial 20557/2024, abierta por la difusión de información sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La condena, que aún no se ha plasmado en sentencia íntegra, pero cuyo fallo ya ha sido adelantado por una extraña casualidad, impone a García Ortiz una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros en total), la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años, el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales.
Al mismo tiempo, el Supremo le absuelve del resto de delitos por los que había sido acusado y ordena la devolución —o destrucción, en su caso— de los objetos intervenidos en los registros.
Lo dicho: una decisión adoptada por mayoría, que contará con dos votos particulares de las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo (¡oh, sorpresa!), y que ha obligado a cambiar la ponencia de la futura sentencia, que asumirá el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.
A continuación puede descargar la providencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
