Que la situación energética de Canarias es un drama que se estudiará en los libros de historia, lo sabemos. Que nunca cambiará, también lo sabemos, más aun tras la última sandez dentro de una larga lista, esta en torno a 13 grupos generadores diésel repartidos entre La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.
Endesa sostiene que el Gobierno de Canarias y Red Eléctrica de España (Redeia) le impiden desmantelar equipos obsoletos para sustituirlos por otros más modernos y eficientes.
El Ejecutivo y el operador del sistema responden que, con el sistema insular tan frágil, esos motores siguen siendo imprescindibles para evitar nuevos apagones.
Entre unos y otros, sin marco que lo ampare ni generadores nuevos que traer para sustituir, seguimos consumiendo meses y años sin que las soluciones prometidas, tantas veces y por tantas personas, físicas y jurídicas.
Lo que quiere hacer Endesa
Según la propia compañía, en 2024 solicitó formalmente a la Consejería de Transición Ecológica permiso para declarar la indisponibilidad y desmantelar 13 grupos generadores situados en tres centrales térmicas: cinco grupos diésel en la central de Los Guinchos, en La Palma, y otros cinco Las Salinas, en (Fuerteventura), más tres grupos diésel en la central de Punta Grande, en Lanzarote.
Endesa dice, y nos lo creemos, que todos ellos superan con creces su vida útil regulatoria y “ya no reúnen las condiciones adecuadas para su óptimo funcionamiento”.
El plan recogido en los proyectos es desmontar motores, alternadores, sistemas auxiliares y chimeneas, y sustituir esa potencia por nuevos proyectos más eficientes y menos contaminantes en esas mismas centrales, sin aumentar la potencia total instalada. El presupuesto conjunto de desmantelamiento en las tres islas supera los 3,8 millones de euros.
La compañía recuerda, además, que sí se le ha permitido la retirada de grupos antiguos en Las Caletillas (Tenerife) y Jinámar (Gran Canaria), y también el primer motor de la central de El Charco, en Fuerteventura.
Pero aquí la clave está en el “mientras tanto”. Desmantelar grupos no es apagar un interruptor. Hay que tramitar licencias, ejecutar obras, montar los nuevos equipos y probarlos. Durante ese periodo, si se diera de baja de verdad la vieja potencia sin que lo nuevo estuviera ya operativo, el sistema se quedaría con menos margen de maniobra.
Los informes señalan que la retirada de esos grupos en Lanzarote y Fuerteventura reduciría la potencia disponible en torno a 40 megavatios, bajando el colchón de seguridad en un sistema ya de por sí muy ajustado.
En La Palma, la pérdida sería de unos 21 megavatios, aproximadamente una quinta parte de la potencia instalada en la isla. Cualquier avería, parada programada o fallo inesperado puede convertir una incidencia normal en un apagón masivo.
Por eso el operador del sistema y el Gobierno insisten en que, mientras no haya nuevas instalaciones firmes y operativas, esos motores viejos son, literalmente, los que hay.
Lo que dice Canarias y Red Eléctrica
La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha rechazado la petición de cierre basándose en los informes de Redeia. Ahí se advierte de que la potencia que aportan los 13 grupos que Endesa quiere retirar “resulta necesaria” para garantizar la seguridad y la calidad del suministro eléctrico.
El director general de Energía lo ha resumido en una frase que se ha repetido estos días: “Los motores están obsoletos, pero son los que tenemos. No podemos darlos de baja hasta que tengamos otra energía que los sustituya, y menos en un contexto de déficit en el que estamos instalando grupos de emergencia”.
La posición del Gobierno y de Redeia es difícil de rebatir desde el punto de vista del riesgo: apagar potencia en sistemas frágiles antes de que esté la alternativa es jugar con fuego.
Pero en el medio y largo plazo, el diagnóstico de Endesa también es incontestable: no se puede construir una transición energética seria sobre motores diésel que llevan décadas funcionando, muchos de ellos muy por encima de su vida útil teórica. Mantenerlos eternamente encarece el mantenimiento y multiplica la probabilidad de averías graves.
El fallo de planificación
El problema de fondo es que hoy por hoy no existe un calendario detallado y creíble que ligue la entrada de nueva potencia con la retirada escalonada de los equipos viejos, central por central y grupo por grupo.
Endesa, claramente, no va a invertir decenas de millones en nueva potencia regulada si no tiene asegurado cómo se retribuye esa inversión.
Se dice, se comenta que Canarias y el Estado trabajan en concursos específicos para nueva generación, pero la percepción general es que los plazos son demasiado lentos comparados con la velocidad a la que envejecen los equipos actuales.
Mientras tanto, cada lado utiliza a las máquinas viejas como argumento y arma arrojadiza cuando conviene a cada cual. Endesa para denunciar que no la dejan modernizar sus centrales, el Gobierno para justificarse cuando el sistema falla.
Lo peor es que todo esto tiene una salida razonable que no parece necesitar décadas de estudio, quizás ni diez meses.
Solo con fijar qué nueva potencia firme entra en cada isla, con tecnología y fechas de puesta en servicio claramente definidas. Se vincula cada nueva instalación a la baja de grupos concretos y se cierra un marco legal estable que haga viable que Endesa o el que toque (ejem) invierta en lo nuevo sin excusas.
N es asumible que después de 15 años de apagones todavía estemos a vueltas con esto y no se haya movido nada. No se preocupen, que 60 millones para el Circuito de Motor sí hay. Puede dormir tranquil@.
