El servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) ha lanzado este miércoles una dura advertencia al gobierno belga, advirtiendo que “tendrá que rendir cuentas, y de una forma que no será fácil”, si finalmente utiliza los activos rusos congelados —gestionados mayoritariamente en Bélgica— para apoyar a Ucrania, tal y como proponen varios socios de la Unión Europea.
Los fondos en cuestión están mayoritariamente inmovilizados en la entidad financiera Euroclear, con sede en Bruselas, y ascienden a más de 180 000 millones de euros, tras las sanciones impuestas a Moscú desde el inicio de su ofensiva contra Ucrania en 2022. Bélgica hasta ahora se ha mostrado reticente a liberarlos, alegando que únicamente permitiría su uso si existe una base jurídica sólida y una solidaridad equitativa con otros países de la UE.
La tensión se agrava por la propuesta de varios países de la Unión Europea de canalizar esos activos hacia Ucrania —por ejemplo para la compra de grano ucraniano—, una medida que Moscú califica de “apropiación” inaceptable. Según el SVR, la presión para que Armenia adquiera grano ucraniano en detrimento del ruso, sin asumir el coste que impone Kiev —“más del doble” según el comunicado ruso—, constituye otro foco de alarma del Kremlin.
El gobierno belga, encabezado por Bart De Wever, insiste en que cualquier decisión sobre esos recursos debe conllevar garantías legales, financieras y de riesgo compartido con otros miembros de la UE, ya que alertan del peligro de que un uso unilateral sin consenso derive en litigios y repercusiones económicas graves.
Con este anuncio, la disputa sobre lo que hacer con los activos rusos congelados pasa de ser un debate técnico-financiero a un enfrentamiento diplomático abierto entre Moscú y ciertos países europeos. La cuestión, hasta ahora esquiva, aparece en el primer plano de la agenda continental.
