Nada nuevo bajo el sol. El informe FOESSA (Fundación de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) presentado esta semana por Cáritas reafirma lo que ya todos sabíamos: Canarias vive dentro de la “escasez restrictiva”, víctima de un sistema productivo menos desarrollado que no logra traducir el PIB en bienestar y mantiene niveles altos de exclusión laboral, un endemismo forjado a lo largo de todo el siglo XXI.
Es la misma categoría en la que aparecen Andalucía y Murcia, compañeras en la cola de tantas otras listas nacionales. El diagnóstico llega tras dos décadas de crisis encadenadas en España y con una conclusión contundente: la brecha de desigualdad sigue abierta y el país figura entre los que más desigualdad registran en la UE. Pero mientras seamos los reyes del turismo…
¿Qué significa “escasez restrictiva”?
FOESSA clasifica a las comunidades según cómo su estructura económica se convierte —o no— en calidad de vida y cohesión social. En la escasez restrictiva, el tejido productivo es frágil (temporalidad, bajos salarios, fuerte dependencia de pocos sectores) y la traducción en servicios, vivienda y protección social es insuficiente.
El contraste lo ponen territorios como Navarra o País Vasco (allí es otro rollo, la prosperidad es “inclusiva”) y el caso de Madrid, que FOESSA denomina “riqueza ineficaz”: mucha producción, pero una parte no llega a los hogares vulnerables.
Vivienda y empleo: los dos motores de la exclusión
El informe subraya que vivienda y empleo son los ejes que hoy expulsan a cientos de miles de hogares de una vida digna.
En Canarias, el alquiler se ha disparado un 68,1% entre 2014 y 2024, muy por encima del promedio estatal, y el 17,7% de la población —casi 400.000 personas— declara retrasos en gastos de vivienda o compras a plazos. El encarecimiento tensiona a las clases medias y multiplica los casos de pobreza residencial y deuda.
La presión inmobiliaria se ve también en los datos recientes de mercado: el Archipiélago figura entre las regiones con alquiler medio más alto y con subidas interanuales relevantes, un caldo de cultivo para el sobreendeudamiento y los desahucios por impago de rentas, fenómeno que ya domina las estadísticas nacionales. Si no estuviera tan jodida la cosa, está como para reírse
¿Cuánta gente está en riesgo?
Aquí conviene distinguir indicadores.
Según FOESSA, el riesgo de pobreza monetaria en Canarias ha bajado del 30,1% en 2008 al 25,8% en 2023, pero sigue alto en términos comparados, y no se puede obviar que aquel año se vino abajo el ladrillo, especialmente en las islas. Todavía quedan vestigios de aquella época, el famoso Plan E (o Ñ o Z) que impulso Zapatero. Un despropósito.
Si miramos el indicador AROPE (pobreza o exclusión, que añade carencia material severa e intensidad de empleo), el ISTAC confirma que en 2024 estaban en esa situación tres de cada diez canarios (31,2%), uno de los registros más altos de España, décima arriba, décima abajo.
Hay que apuntar que son cifras que miden cosas distintas: FOESSA aporta el ángulo “ingresos”, AROPE captura vulnerabilidad estructural. Dramático en ambos casos.
La realidad es que Canarias no arrastra un único problema, sino un entramado de dramas que comienzan con viviendas caras, salarios por debajo del mínimo, una cesta de la compra prohibitiva y, lo que es peor, el sentimiento de tomarte una cerveza con tus amigos y luego pensar que estabas tirando el dinero. En ele mundo en el que vivimos no may mayor castigo.
