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Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias de tumbar la adjudicación del servicio de alumbrado público,
el consistorio ha optado por encender su linterna burocrática y continuar con la “tramitación sucesiva del expediente”.
Dicho en cristiano: el contrato millonario de 18,7 millones de euros para iluminar calles y barrios no queda en la penumbra, sino que pasa a la siguiente empresa clasificada. Porque si la primera no convence, siempre hay un segundo pretendiente dispuesto a llevarse la bombilla de oro.
La historia empezó en abril, cuando el Ayuntamiento adjudicó un servicio de cuatro años (con prórroga opcional de uno más) a una empresa.
Pero llegó Effico, dijo “esto no está bien”, y el Tribunal le dio la razón el 30 de septiembre. Resultado: adjudicación anulada, expediente reabierto y todos a sacar otra vez los papeles del cajón.
Eso sí, desde el Consistorio insisten en que no hay apagón, solo un “reajuste procedimental” —lo que en lenguaje ciudadano significa que las farolas seguirán encendidas…
