⏱ 2 min de lectura
Madrid, en el ojo del huracán fiscal — En plena tormenta mediática, los dos vocales de la escisión “progresista” en la Fiscalía han puesto el grito en el cielo: aseguran que todo lo que se denuncia sobre irregularidades en la elección del fiscal para el caso García Ortiz es puro humo. Según ellos, el proceso fue transparente, reglado y sin riesgos de cohecho institucional.
Los dirigentes fiscales aseguran que se les notificó como marca el reglamento: expediente abierto, envío a cada vocal, plazo para objeciones. Y afirman que en este caso no hubo objeciones. La fiscalía designada —según ese relato— contaba ya con conocimiento previo del asunto, lo que justificaría su elección. Ningún miembro del órgano colegiado dio la voz de alarma.
Las críticas arreciaron cuando ciertas voces externas denunciaron favoritismo político, decisiones oscuras, nombramientos a puerta cerrada. Pero los vocales responden con un reto: que quienes lanzaron esas acusaciones lo expliquen públicamente, o se retracten. Que no jueguen a la intoxicación con la marca de la justicia.
Este pulso público no es nuevo en los pasillos de la fiscalía: el fiscal general García Ortiz ya ha sido objeto de acusaciones, imputaciones y análisis políticos cruzados. Y el hecho de que provenga precisamente de la UPF —la asociación que lo cobijaba— añade un matiz dramático a la defensa.
Algunos corresponsales del mundo judicial dicen ya que esta disputa no es solo sobre un nombramiento, sino sobre los cimientos de la independencia fiscal en España. ¿Quién decide en nombre de todos? ¿En qué momento se convierte una designación técnica en una guerra de legitimidades?
Queda en el aire, mientras tanto, una pregunta incómoda: si efectivamente no hay nada oscuro, ¿por qué tanta resistencia a entregar el expediente completo? La transparencia debería ser la mejor defensa.
