El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dispone ya, según fuentes judiciales, policiales y políticas consultadas por THE OBJECTIVE, de «indicios suficientes» para imputar al PSOE por un presunto delito de financiación ilegal de partidos, una conclusión que podría materializarse en las próximas semanas a la vista de la documentación que obra en poder del magistrado instructor.
Los fundamentos de esa sospecha, según las mismas fuentes, descansan en dos ejes: el material intervenido en registros practicados en junio en varias constructoras y la contabilidad interna del propio partido durante los años en que José Luis Ábalos y Santos Cerdán dirigieron la secretaría de Organización. Esas entradas y documentos —explican fuentes implicadas en la investigación— apuntan a transferencias y donaciones que los investigadores consideran coherentes con fondos procedentes de comisiones ilegales y que, en su opinión, podrían haber acabado integrándose en las arcas del PSOE.
El instructor autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a profundizar en cuentas, inmuebles y correos electrónicos tanto de Ábalos como de Cerdán, movimientos que en verano ya dieron lugar a registros domiciliarios y a la entrada en sedes de empresas vinculadas a adjudicatarias públicas. Las grabaciones intervenidas —entre ellas, conversaciones atribuidas al exasesor Koldo García— habrían servido para articular la hipótesis de que se cobraron mordidas vinculadas a la adjudicación de contratos, extremo que Ábalos y Cerdán han negado en todo momento.
Fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE adelantan además la próxima difusión por parte de la UCO de informes patrimoniales sobre Ábalos y Santos Cerdán que, según esas fuentes, revelarán descuadres entre las cantidades declaradas ante la Agencia Tributaria y los importes que, en apariencia, terminaron siendo donados al partido. En ese contexto el Tribunal Supremo requirió formalmente al PSOE y al Congreso información detallada sobre cuotas de afiliación, aportaciones voluntarias, liquidaciones de gastos, pagos por servicios prestados y otras retribuciones desde 2014 hasta la actualidad, una diligencia destinada a aclarar si existió un circuito de entrada de fondos opaco al que el partido habría recurrido.
La trascendencia de una eventual imputación del PSOE trasciende el ámbito estrictamente penal y entra de lleno en la arena política. Judicializar la financiación de una formación de gobierno provoca un efecto dominó: obliga a la Fiscalía, a las acusaciones populares y a los grupos parlamentarios a posicionarse, condiciona la agenda legislativa y, en un escenario polarizado, puede erosionar la autoridad del Ejecutivo frente a la opinión pública. Los expertos en derecho penal y procesal consultados subrayan que la apertura de una causa y la existencia de indicios no equivalen al enjuiciamiento definitivo, pero sí suponen un desgaste político cuya gestión exige tanto rigor jurídico como estrategia comunicativa.
La instrucción penal ha mostrado la complejidad técnica de rastrear el origen de fondos que, según la hipótesis de la UCO, pudieron proceder de comisiones vinculadas a adjudicaciones amañadas. Los registros practicados en constructoras intentan documentar flujos financieros —pagos, facturas, transferencias y anotaciones contables— que permitan reconstruir una trama. La existencia de pagos desde ciertas sociedades hacia fundaciones, cuentas intermedias o asientos contables opacos se ha convertido en una pieza central del rompecabezas probatorio. Que esas pruebas se encuentren ahora en manos del juez del Supremo explica, en buena medida, la prudencia con la que la Sala de lo Penal ha avanzado hasta ahora en la investigación.
Si finalmente el Tribunal Supremo decidiera formalizar la imputación del partido —un movimiento jurídico inédito— se abriría una nueva fase procesal que obligaría a solicitar información adicional, posibles diligencias internacionales y, si procediera, citaciones y prácticas de pruebas más complejas. Al mismo tiempo, la respuesta política y mediática promete ser intensa: la acusación contra una formación gobernante alimentará el relato de quienes ya denuncian persecución política y, a la vez, dará munición a los adversarios que reclaman responsabilidad y transparencia.
De la solidez de las pruebas recabadas dependerá no solo el devenir penal de los implicados, sino también la capacidad de las instituciones para afrontar con serenidad una crisis institucional de dimensiones asombrosas.
