En una breve declaración que apenas superó los diez minutos, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado en los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. Investigada por un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, Gómez optó por responder únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro Antonio Camacho. Según fuentes presentes en la sala, la investigada defendió que Álvarez solo la ayudó de forma «puntual» en gestiones personales, amparándose en la relación de confianza y amistad que las une, pero negó tajantemente que su asistente participara en actividades profesionales privadas.
La comparecencia, marcada por estrictas medidas de seguridad que incluyeron el acceso en coche oficial por el garaje de los juzgados, es la cuarta de Gómez ante el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Este nuevo capítulo se suma a una investigación que ya acumula cinco posibles delitos –tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación–, en un caso que ha generado un intenso debate político y social en España.
El juez Peinado centra su investigación en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa, un nombramiento que data de julio de 2018, cuando Félix Bolaños, actual ministro de Justicia, era secretario general de la Presidencia del Gobierno. La pieza separada abierta por malversación busca esclarecer si hubo irregularidades en la designación de Álvarez y si esta utilizó recursos públicos –como el correo oficial de Moncloa– para fines ajenos a sus funciones institucionales, que incluían la gestión de la agenda de Gómez, la coordinación con el equipo de seguridad y protocolo, y el acompañamiento en actos oficiales.
Durante la declaración, Gómez explicó que Álvarez tenía acceso a su correo oficial de Moncloa, una práctica que consideró «necesaria» para cumplir con sus tareas. Sin embargo, subrayó que cualquier ayuda de su asistente en asuntos personales fue «esporádica» y motivada por la confianza mutua, negando que Álvarez tuviera algún rol en sus actividades profesionales privadas, como la codirección de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Uno de los puntos más controvertidos es un correo enviado por Álvarez en nombre de Gómez a un patrocinador de la cátedra, solicitando que reconsiderara su decisión de retirar fondos, un hecho que el juez interpreta como posible malversación.
Por su parte, Cristina Álvarez, también imputada y citada el mismo día a las 11:00, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, acompañada de su abogado, José María de Pablo. Esta decisión contrasta con la estrategia de Gómez, que, aunque limitada, optó por responder a su defensa para aclarar las funciones de su asesora.
