El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La decisión se sustenta en la presunta difusión del contenido confidencial de un correo electrónico remitido por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se investigaba en una causa por posible fraude fiscal. El auto considera que existen indicios suficientes para sentar al fiscal en el banquillo.
Según el auto del magistrado Ángel Luis Hurtado, existe indicio racional de que García Ortiz reveló secretos a los que tuvo acceso por razón de su cargo, conducta que podría quedar incluido en el tipo penal previsto en el Código Penal relativo a la revelación de secretos. El origen concreto de la acusación es la filtración a la prensa del contenido de un correo electrónico dirigido al fiscal instructor del expediente abierto contra el abogado del novio de la presidenta madrileña. El juez ha considerado que hay indicios suficientes para seguir adelante con la causa y abrir juicio oral.
El auto, además, no solo procesa a García Ortiz sino que en fases anteriores también alcanzó a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación con las mismas filtraciones, si bien los detalles procesales de la actuación de cada uno han ido variando con el avance de la instrucción.
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de algunas acusaciones populares de suspender cautelarmente de sus funciones al fiscal general. No obstante, el auto impone a García Ortiz una fianza de responsabilidad civil de 150.000 euros bajo amenaza de embargo para garantizar eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso. Varias fuentes coinciden en que el juez ha decidido mantenerle en el cargo por el momento, mientras avanza la vía penal.
La causa se abrió a raíz de la investigación por presuntas irregularidades fiscales que afectaban a Alberto González Amador. En marzo de 2024, y durante la instrucción del caso, circuló un correo electrónico cuyo contenido —según el sumario— fue conocido por altos cargos del Ministerio Fiscal y, presuntamente, facilitado a medios de comunicación. El juez Hurtado, a lo largo de la investigación, ha analizado versiones y documentos distintos que apuntan a cómo pudo producirse la filtración y quiénes tuvieron acceso a ese material. Informes periodísticos y el propio auto recogen la existencia de dos documentos distintos vinculados a esa comunicación, algo que ha sido clave para construir la hipótesis sobre la cadena de transmisión de la información.
La medida de apertura de juicio oral no equivale a condena, pero sí supone que el juez considera acreditados indicios suficientes para someter al fiscal general a un proceso penal ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Si llegara a producirse una condena por revelación de secretos podría comportar penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en función de lo que soliciten las acusaciones y de la calificación final que fije el Ministerio Fiscal o las acusaciones populares personadas en la causa.
El juicio —cuando se celebre— será una prueba para la separación de poderes, la confianza ciudadana en las instituciones y la propia narrativa pública sobre independencia y ética en la gestión de la justicia.
