En un nuevo giro en la interminable saga judicial del ‘procés’, la defensa del expresident catalán Carles Puigdemont ha presentado una solicitud de recusación contra tres magistrados conservadores del Tribunal Constitucional (TC), lo que ha provocado la inmediata paralización de la decisión sobre la admisión a trámite de su recurso de amparo. Esta maniobra, orquestada por su abogado Gonzalo Boye, alega una pérdida de imparcialidad por parte de los jueces, y podría dilatar al menos un mes el pronunciamiento sobre la no aplicación de la ley de amnistía en su caso. El movimiento llega en vísperas del pleno del TC, previsto para este martes, y subraya las tensiones persistentes entre el independentismo catalán y las altas instancias judiciales españolas.
La petición de apartar a los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías fue registrada este pasado lunes por la mañana, apenas unas horas antes de que el pleno del TC se reuniera para debatir la admisión del recurso de Puigdemont. Según el escrito presentado por Boye, estos jueces han mostrado «animadversión» hacia el expresident y han adoptado posiciones previas que comprometen su neutralidad en un caso tan sensible como el del ‘procés’. La ley orgánica del TC obliga a suspender cualquier deliberación hasta que se resuelva la recusación, un proceso que, según fuentes judiciales, podría extenderse al menos un mes, incluyendo la notificación a las partes y la posible apelación.
Esta no es la primera vez que se cuestiona la imparcialidad de magistrados en causas relacionadas con el independentismo catalán. En precedentes recientes, como los recursos de otros líderes del ‘procés’, se han aceptado recusaciones similares contra jueces como Antonio Narváez o incluso el actual presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, quien se apartó voluntariamente de deliberaciones sobre la amnistía por sus manifestaciones previas. Ahora, el foco se pone en el sector conservador del tribunal, donde la balanza ideológica —con siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores— podría inclinar la decisión final sobre la amnistía.
La defensa de Puigdemont detalla argumentos específicos para cada magistrado, basados en declaraciones públicas, publicaciones y relaciones personales que, a su juicio, evidencian un prejuicio insalvable.
- Enrique Arnaldo: Se le acusa de haber firmado un manifiesto en 2017 que tildaba a Puigdemont de «golpista e indecente», exigiendo que se le aplicara «todo el peso de la ley». En su libro reciente, Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder, lamenta la «deriva constitucional en Cataluña» y muestra una clara posición contra el independentismo. Además, se menciona su amistad con magistrados del Supremo que juzgaron el referéndum ilegal del 1-O y su «estrecha relación» con el Partido Popular (PP), que impulsó su nombramiento en el TC.
- Concepción Espejel: Su proximidad al PP es un punto central, al igual que su voto particular en la Audiencia Nacional en 2020, donde se opuso a la absolución de Josep Lluís Trapero, major de los Mossos d’Esquadra, por los hechos del 1-O, considerando el referéndum como un acto delictivo. Perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se le reprocha una «beligerancia indebida» contra Puigdemont y el independentismo.
- José María Macías: Se destaca su oposición pública a la ley de amnistía y su amistad con Pablo Llarena, el magistrado del Supremo que instruyó la causa principal contra Puigdemont. Durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Macías habría calificado a Puigdemont de «nazi» en declaraciones que cuestionan su imparcialidad. La defensa argumenta que estas manifestaciones revelan una «pérdida de apariencia de neutralidad» incompatible con su rol en el recurso.
Estos argumentos están dentro de una estrategia más amplia de la defensa para cuestionar la «resistencia judicial» del Supremo, que rechazó aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación, alegando que no se ajusta a los supuestos de la ley.
La paralización inmediata del recurso implica no solo el aplazamiento de la admisión a trámite, sino también la suspensión de medidas cautelares solicitadas por Boye, como la revocación de la orden de detención nacional contra Puigdemont. Este expresident, fugado en Bélgica desde 2017, busca con este amparo que el TC obligue al Supremo a aplicar la amnistía, aprobada en 2024.
El TC, que ya ha avocado a pleno otros recursos similares —como los de Oriol Junqueras y otros líderes del ‘procés’—, pretendía resolver estos asuntos antes de finales de 2025 o principios de 2026. Sin embargo, este incidente podría alterar el calendario, especialmente si se suma a la espera de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre impugnaciones a la amnistía por parte del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, previsto para finales de año.
Por el momento, el TC no ha emitido respuesta oficial. Desde el independentismo, la maniobra se ve como un paso necesario para garantizar un juicio justo, mientras que sectores conservadores la interpretan como una dilación táctica.
El desenlace de esta recusación no solo definirá su futuro personal, sino que podría marcar un precedente en la aplicación de la amnistía y en la confianza en las instituciones.
