A escasas horas de la solemne apertura del año judicial, prevista para el viernes 10 de septiembre en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey Felipe VI, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ve sacudido por una profunda fractura interna. Diez vocales conservadores, propuestos en su día por el Partido Popular, han remitido un escrito a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, expresando su «gran preocupación» por la participación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto, dada su condición de procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Asimismo, rechazan que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparta estrados con los máximos representantes del Poder Judicial, en respuesta a los «ataques injustificados» vertidos por el Gobierno contra jueces y magistrados. Esta iniciativa ha generado una réplica inmediata de nueve vocales progresistas, alineados con el PSOE, quienes enmarcan la presencia de ambos en la «normalidad institucional» y abogan por evitar cualquier «polaridad artificiosa» que empañe la ceremonia.
El escrito de los vocales conservadores —firmado por figuras como Wenceslao Olea, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad, Ángeles Carmona y María Ángeles Parra— llega en un momento de máxima tensión institucional. En él, transmiten a Perelló su inquietud ante el hecho de que García Ortiz, «sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento», ocupe un lugar en estrados y se dirija públicamente al Rey, a los magistrados que habrán de juzgarle y al conjunto de asistentes. Sin cuestionar su presunción de inocencia, argumentan que esta coincidencia «no resulta apropiada» y compromete «inevitablemente la serenidad que el acto demanda», especialmente cuando «hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones». «Es difícilmente comprensible que esta situación se tolere», apostillan, advirtiendo de una «innecesaria tensión» para la Fiscalía, el Poder Judicial y el propio Jefe del Estado.
Pero el reproche no se detiene ahí. Los firmantes aluden a un «momento político de extraordinaria tensión», marcado por las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en una entrevista televisiva y ante la prensa internacional acusó a una minoría de jueces de «hacer política», poniendo en duda su imparcialidad. Estas manifestaciones, reiteradas por la portavoz del Ejecutivo y por el propio Bolaños —quien lamentó que «actuaciones muy minoritarias» hagan «daño» a la Justicia—, son calificadas como «injustas» y lesivas para la confianza en el Estado de Derecho. «La deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo», sentencian, recordando que la independencia judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución, es «una garantía para todos los ciudadanos». En consecuencia, solicitan que se visibilice su rechazo evitando que Bolaños ocupe un asiento en estrados, simbolizando así la separación de poderes, y que Perelló informe a la Jefatura del Estado para una «adecuada coordinación institucional».
La respuesta de los vocales progresistas —entre ellos Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Inmaculada Montalbán, Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas, Bernardo Fernández, Esther Erice, Enrique Lucas y Álvaro Cuesta— no se ha hecho esperar. En un comunicado conjunto, trasladan un «mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional», alejado de cualquier «polaridad artificial» que pueda empañar la solemnidad del acto. Recuerdan que el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga expresamente a la presencia de la presidenta del CGPJ y del fiscal general para presentar sus memorias anuales. En cuanto a Bolaños, su asistencia en estrados responde a una «costumbre constitucional consolidada», derivada de su posición institucional y de sus responsabilidades en el servicio público de la Justicia. «La confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y de presunción de inocencia», concluyen, abogando por «seguir ese ejemplo de normalidad institucional, huyendo de toda crispación innecesaria».
Desde la Fiscalía General del Estado, insisten en que García Ortiz está «obligado por ley» a asistir y presentar la memoria anual, y que su presencia «no está en cuestión». Esta postura se alinea con la defensa de la «lealtad constitucional» que reclaman los progresistas, frente a las críticas de asociaciones judiciales y fiscales como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y Francisco José Fonseca, que ejercita la acusación particular en el caso contra el fiscal general. Estas entidades han pedido a García Ortiz que se abstenga de participar «por respeto al Rey» y a las instituciones, priorizando el «prestigio de la Justicia» sobre intereses personales.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que no asistirá al acto, calificándolo de «provocación» y acusando a Sánchez de someter al Rey a un «choque institucional sin precedentes». Bolaños, por su parte, ha replicado tildando esta ausencia de «grave desconsideración» al monarca y a las instituciones judiciales. Mientras, el CGPJ sigue en funciones desde diciembre de 2018, con su renovación pendiente en medio de negociaciones entre PSOE y PP.
