En un encuentro marcado por la cordialidad formal pero por el desencuentro de fondo, Salvador Illa, president de la Generalitat, se reunió este martes en Bruselas con Carles Puigdemont, líder de Junts y prófugo de la justicia española desde 2017. La cita, que duró hora y media en la sede de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, no arrojó avances concretos, pero reveló las tensiones subyacentes en la relación entre el PSC, el PSOE y el independentismo catalán. Illa, según fuentes consultadas, acudió con un mandato principal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: recabar el apoyo de Junts a la llamada ‘ley Bolaños’, una ambiciosa reforma de la Justicia española que busca renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, Puigdemont condicionó cualquier respaldo a la creación de un poder judicial catalán al margen del CGPJ, una demanda que complica el panorama político.
Esta reunión, la primera entre ambos desde la investidura de Illa como president el pasado agosto, se produce en un momento de «normalización institucional» defendida por el Gobierno, pero criticada por la oposición como un gesto de debilidad ante el independentismo.
Salvador Illa, arrastrando los pies según admiten fuentes del PSC, viajó a Bruselas por expreso deseo de Pedro Sánchez. El objetivo primordial era sondear el respaldo de Junts a la ‘ley Bolaños’, un proyecto legislativo impulsado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que plantea una profunda renovación del sistema judicial español. Esta norma, aún en fase de tramitación, busca desbloquear el CGPJ —caducado desde 2018— mediante una reforma que limite su poder en la designación de jueces y potencie la independencia judicial, entre otras medidas. Para el Gobierno, el apoyo de los siete diputados de Junts en el Congreso es crucial, dada la aritmética parlamentaria que obliga a Sánchez a tejer alianzas inestables para sacar adelante sus iniciativas.
Sin embargo, desde el entorno de Puigdemont, la respuesta fue rotunda: no habrá apoyo a la ‘ley Bolaños’ sin concesiones significativas. El líder independentista exigió la creación de un poder judicial catalán independiente del CGPJ, una reivindicación que remite a competencias no exclusivas del Estado, como la gestión de recursos, la actividad internacional o la formación de jueces. Esta petición, avalada en su día por indicios del Tribunal Constitucional, se presenta como una «línea roja» para Junts, que ve en ella una oportunidad para avanzar en su agenda soberanista. Fuentes cercanas al expresident destacan su frustración con el PSOE por incumplimientos previos, como las garantías de José Luis Rodríguez Zapatero sobre una amnistía «total» en las reuniones de Suiza, que no se han materializado plenamente.
Los PGE para 2026, que el Gobierno pretendía negociar con Junts y ERC, quedaron al margen de la conversación, confirmando el pesimismo en Moncloa sobre su aprobación. Pese a la imagen de cordialidad —un apretón de manos y declaraciones amables—, ambas partes parecen asumir que los presupuestos están «perdidos», optando por victorias parciales en el Parlamento para sostener la legislatura. Para Illa, la reunión no solo no logró desatascar las cuentas estatales, sino que tampoco convenció a Puigdemont de reengancharse a la política catalana para contrarrestar el auge de la ultraderecha de Aliança Catalana. El president catalán, en una visita oficial a Tarragona este miércoles, evitó pronunciarse sobre los detalles del encuentro, manteniendo un hermetismo que contrasta con la filtración de informaciones desde el entorno independentista.
Puigdemont, por su parte, utilizó las redes sociales para agradecer la «amabilidad» de Illa, pero para cuestionar la «normalidad» que predican los socialistas. «En una situación democrática normal, esta reunión debería haberse producido hace meses en el Palau de la Generalitat», escribió en X, aludiendo a su exilio y a los retrasos en la aplicación de la amnistía. Su regreso a Cataluña, inicialmente previsto para antes de fin de año, se pospone ahora al primer trimestre de 2026, pendiente de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
