El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dado un nuevo impulso a la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. En una providencia emitida este miércoles, el magistrado ha ordenado a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que facilite una copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta oficial asignada a Gómez desde el 11 de julio de 2018, fecha en que Sánchez asumió la presidencia tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, hasta la actualidad. Estas comunicaciones serán analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para esclarecer posibles irregularidades, especialmente en relación con el presunto delito de malversación vinculado a la contratación de Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez en La Moncloa.
La decisión de Peinado ha generado un intenso debate político y mediático desde su inicio en abril de 2024, cuando el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia contra Gómez, acusándola de aprovechar su posición como esposa del presidente para influir en licitaciones públicas y beneficiar a empresarios como Juan Carlos Barrabés. Desde entonces, el juez ha ampliado las líneas de investigación, que incluyen la gestión de Gómez en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la presunta apropiación indebida de un software de dicha cátedra, y ahora, de manera destacada, la contratación de Álvarez como asesora en 2018. Este último punto, que centra la acusación de malversación, se basa en indicios de que Álvarez, pagada con fondos públicos, habría trabajado en proyectos privados de Gómez, como los relacionados con su actividad académica en la UCM.
En su resolución, Peinado también ha solicitado información sobre las personas que han ocupado el cargo de secretario general de la Presidencia desde 2018, así como los responsables de autorizar los pagos del salario de Álvarez. Esta petición refuerza la hipótesis del juez de que pudo existir una “desviación de recursos públicos” hacia intereses privados, un extremo avalado por un auto de la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2025, que señaló a La Moncloa como una “estructura institucionalizada de poder” que habría facilitado dichas irregularidades. El magistrado, no obstante, ha sufrido críticas por lo que algunos, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han calificado de “investigación prospectiva”, un término que alude a pesquisas judiciales amplias y sin un foco claro.
Además, Peinado ha accedido a la petición del abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, de modificar la fecha de la declaración de la investigada, inicialmente prevista para el 11 de septiembre. Debido a un conflicto de agenda del letrado, que debe acudir a otro señalamiento judicial en Tenerife, el juez ha adelantado la comparecencia de Gómez al 10 de septiembre a las 12:00 horas. Ese mismo día, a las 11:00, declarará también Cristina Álvarez, igualmente imputada por malversación. Ambas deberán responder por las supuestas irregularidades en la contratación de la asesora, que, según los indicios recabados, habría dedicado parte de su tiempo laboral a apoyar las actividades privadas de Gómez en la UCM, como el envío de correos a empresas patrocinadoras de su cátedra.
La solicitud de los correos electrónicos y el avance de la causa han reavivado las tensiones políticas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente a su esposa, calificando la investigación como un ejemplo de “pena de telediario” y acusando a una minoría de jueces de “hacer política” en lugar de aplicar la ley. Estas declaraciones, realizadas en una entrevista en TVE el pasado lunes, han sido interpretadas como una crítica velada a Peinado, cuya instrucción ha sido cuestionada por su amplitud y por decisiones como el intento fallido de imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su papel como secretario general de la Presidencia en 2018. El Tribunal Supremo rechazó esta solicitud en julio, al considerar que los indicios no estaban suficientemente fundamentados.
Por ahora, el foco está puesto en el 10 de septiembre, cuando Gómez y Álvarez comparecerán ante Peinado en los juzgados de Plaza de Castilla.
