El suceso comenzó a tomar forma el pasado 24 de agosto, cuando Salvamento Marítimo localizó y remolcó a un cayuco a la deriva a unas 430 millas al sur de Gran Canaria. En el interior de la embarcación viajaban centenares de personas: según las primeras comunicaciones oficiales y la cobertura regional, hasta 248 ocupantes fueron trasladados al muelle de Arguineguín tras una operación de más de trece horas.
Lo que en un primer momento fue un rescate más en la peligrosa ruta atlántica a Canarias ha acabado convertido en una investigación por homicidio. La Jefatura Superior de Policía en Canarias ha informado de la detención —en las últimas horas— de dieciséis personas que viajaban en ese mismo cayuco y que, según la hipótesis que manejan los investigadores, habrían participado en la muerte violenta de decenas de compañeros de travesía. Las detenciones se han producido tras la recopilación de testimonios de supervivientes y diligencias abiertas por la autoridad judicial.
Los relatos recogidos entre los rescatados describen escenas de extrema violencia. Varios supervivientes han declarado ante la Policía que un grupo numeroso —de alrededor de veinte personas, según algunos testimonios— ejecutó actos de violencia contra otros migrantes; en esas narraciones aparecen asesinatos por arma de fuego y personas arrojadas vivas por la borda. Esos testimonios, coincidentes en lo esencial, son el eje de la imputación que ahora pesa sobre los arrestados.
La cifra exacta de víctimas mortales dentro de la travesía aún no está cerrada en sede judicial. Se piensa han sido 72 los muertos vinculados a los hechos relatados por los supervivientes. La investigación intenta ahora arrojar luz sobre: quiénes fueron asesinados, cuántos desaparecieron en la mar y cómo se encaja ese episodio en la secuencia del viaje.
La ruta atlántica hacia Canarias vuelve a evidenciar, una vez más, su carácter letal. Los cayucos que salen de la costa occidental africana atraviesan miles de kilómetros en embarcaciones precarias, con pasajes a menudo sobredimensionados, sin motores fiables ni provisiones suficientes. A esa exposición a la muerte por naufragio o deshidratación se suman, en este caso, supuestos episodios de violencia interna que transforman la travesía en un escenario de conflicto entre pasajeros. Organizaciones y medios que siguen la ruta recuerdan que en los últimos años se han producido episodios mortales tanto por naufragios como por enfrentamientos a bordo.
Las autoridades españolas han abierto diligencias para esclarecer responsabilidades penales: los detenidos podrían responder, si se confirman los hechos tal como lo relatan los supervivientes, a delitos que incluyen homicidio y participación en muertes violentas en alta mar. La instrucción judicial deberá además trabajar con peritajes forenses, exploración de restos —cuando existan—, declaración de testigos y coordinación internacional (cuando proceda) para localizar desaparecidos y esclarecer la cadena de mando y organización del trayecto. Los cuerpos policiales han trasladado a varios de los arrestados a dependencias judiciales.
